Estados Unidos nunca ha estado tan cerca de un conflicto armado con Venezuela, con una flota de guerra desplegada frente a las costas del país caribeño y el mandatario Nicolás Maduro bajo una recompensa internacional de 50 millones de dólares. El escenario, cargado de tensión geopolítica, mezcla acusaciones de narcoterrorismo, intereses petroleros y la posibilidad latente de un cambio de régimen.

El presidente Donald Trump ha ordenado el envío de siete buques, entre ellos tres destructores con misiles guiados y un submarino de ataque, además de 4.500 efectivos, incluidos 2.200 marines. Aunque oficialmente la misión se presenta como una operación contra el narcotráfico, dentro de la propia administración estadounidense existe confusión sobre si se trata únicamente de un dispositivo antidrogas o de una maniobra para forzar la caída del régimen chavista.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt ha reiterado que Maduro no es reconocido como jefe de Estado, sino como «líder fugitivo de un cártel de la droga». Varios altos cargos del gobierno norteamericano han avalado esa línea. Uno de ellos ha afirmado que «esto es 105% narcoterrorismo, pero si Maduro desaparece del poder, nadie lo lamentará». Otro funcionario, en cambio, ha advertido que la situación podría convertirse en un «segundo caso Noriega», recordando la invasión de Panamá en 1989 para capturar al general acusado de narcotráfico.

Las comparaciones no terminan ahí. Un asesor cercano a Trump llegó a describir la permanencia de Maduro en el Palacio de Miraflores como «tan absurdo como poner a Jeffrey Epstein al frente de una guardería». Pese a la dureza de estos comentarios, la mayoría de analistas en Washington coinciden en que una invasión a gran escala es improbable, aunque dan por hecho que habrá interdicciones agresivas contra embarcaciones sospechosas en aguas venezolanas. También se baraja la opción de ataques aéreos sobre enclaves selváticos vinculados al narcotráfico o instalaciones militares con apoyo ruso.

Del lado venezolano, Maduro ha acusado a Washington de preparar un «ataque terrorista militar disfrazado de lucha antidrogas». Ha llamado a la población a organizarse en milicias y ha denunciado que el verdadero objetivo de Trump es apropiarse de las enormes reservas de petróleo del país, las mayores del mundo. Su aliado regional más próximo, el presidente colombiano Gustavo Petro, ha respaldado esa visión, negando la existencia del «Cártel de los Soles» y tachándolo de excusa de la derecha internacional para justificar un golpe de Estado.

La energía es otro de los ejes que marcan el pulso. Antes de catalogar a Maduro como terrorista, la administración Trump autorizó a Chevron a retomar parte de sus operaciones en Venezuela, un movimiento interpretado como intento de equilibrar presión y negociación. A la vez, Trump nombró como secretario de Estado a Marco Rubio, referente de la línea dura antichavista y voz influyente en la política exterior hacia Iberoamérica.

Para Rubio y su entorno, el chavismo se sostiene gracias a la inteligencia cubana y al petróleo barato que Caracas envía a La Habana. «Esta es apenas la primera fase de una limpieza del hemisferio», señaló Arthur Estopinan, antiguo jefe de gabinete de la congresista Ileana Ros-Lehtinen, mentora política del senador de Florida. Según esa visión, el objetivo estratégico es ir reduciendo la influencia de los regímenes socialistas en la región.