El Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado siete contratos a Barrabés Ski Montaña, una de las firmas vinculadas al empresario aragonés Juan Carlos Barrabés, socio académico de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y actualmente investigado junto a ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El valor total de estas nuevas adjudicaciones asciende a 1.276.984 euros, según consta en un expediente oficial cerrado el pasado 21 de agosto y ha adelantado OkDiario.

Los lotes concedidos están destinados a reforzar el equipamiento del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, con material de escalada, rescate, buceo, cuerdas, mochilas, calzado técnico y chalecos de alta visibilidad. En conjunto, la licitación original rondaba los 1,68 millones de euros, y la empresa de la familia Barrabés se hizo con la mitad de los paquetes ofertados, los de mayor cuantía.

Begoña Gómez solicita al juez Peinado que se suspenda su declaración del día 11 de septiembre por «motivos de agenda»
La noticia coincide con el avance del llamado «caso Begoña», en el que se investiga a la esposa del presidente por varias acusaciones: tráfico de influencias, malversación, intrusismo y corrupción en los negocios. Gómez deberá declarar nuevamente ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo 11 de septiembre, en lo que será su cuarta comparecencia, por la contratación de Cristina Álvarez, directora de Programas de Presidencia y al mismo tiempo secretaria en sus iniciativas privadas.

El vínculo entre Gómez y Barrabés se remonta a la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense, donde el empresario colaboraba como docente y asesor en los contenidos académicos. En julio de 2020, la mujer de Sánchez firmó dos cartas de apoyo dirigidas a Red.es para reforzar la posición de Barrabés en sendas licitaciones. Aquellos avales, hoy bajo sospecha judicial, le abrieron la puerta a adjudicaciones que superaron los 10 millones de euros a través de la empresa Innova Next, pieza clave en su entramado societario.

Tras la apertura del procedimiento judicial, el volumen de contratos públicos obtenidos por el grupo empresarial de Barrabés cayó notablemente. No obstante, desde que Sánchez gobierna, se calcula que sus compañías han sumado adjudicaciones por más de 22 millones de euros. Estas últimas concesiones, provenientes de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, vuelven a situar al empresario en el foco.

En su declaración anterior, Begoña Gómez defendió que sus cartas eran «práctica habitual» en los procesos de contratación y que no se trataba de un respaldo personal a Barrabés, sino de un reconocimiento al valor del proyecto. Sin embargo, en los escritos se mencionaba expresamente la UTE en la que participaba el empresario, lo que para la instrucción judicial refuerza la sospecha de trato de favor.