Álvaro Galán.- Cuando Volodímir Zelensky ganó las elecciones en 2019, lo hizo sobre una ola de hastío popular con la corrupción. Prometió “romper el orden oligárquico” y construir instituciones íntegras. Seis años después, la distancia entre la retórica y los hechos es imposible de ignorar.

Un arranque con sombras: las sociedades offshore y los vínculos incómodos

El primer golpe a la narrativa de pureza llegó con los Pandora Papers (octubre de 2021). Las investigaciones del consorcio OCCRP y otros medios revelaron una red de sociedades offshore vinculadas a Zelensky y a miembros clave de su círculo de “Kvartal 95”, algunas de ellas conectadas con flujos de dinero procedentes de negocios mediáticos y protegidas por estructuras en paraísos fiscales. Nada de esto prueba por sí mismo un delito, pero sí contradice el ideal de transparencia que Zelensky decía encarnar y plantea conflictos éticos respecto a su independencia de oligarcas como Ihor Kolomoiski. OCCRPThe Guardian+1

La respuesta oficial entonces trató de justificar el uso de estructuras offshore como un “escudo” frente a presiones prorrusas. El argumento, más político que jurídico, nunca despejó la duda central: ¿por qué un adalid de la limpieza pública necesitaba opacidad financiera privada? Al Jazeera

Guerra sí; cheques en blanco, no: los escándalos de compras militares

La invasión rusa forzó contrataciones aceleradas. Pero la prisa no exime del control. En 2023 estalló un escándalo de sobreprecios en compras de alimentos para el ejército (el célebre “caso de los huevos”), que terminó costándole el cargo a altos responsables y abrió investigaciones por presunto desfalco multimillonario. En 2025, la fiscalía anticorrupción avanzó cargos en un caso de procurement por más de 17 millones de dólares malversados en 2022. Zelensky acabó destituyendo y moviendo fichas en el Ministerio de Defensa, una reacción correcta pero tardía que evidenció fallos sistémicos de supervisión bajo su mando.

Un paso atrás —y medio adelante— en la arquitectura anticorrupción

El 22 de julio de 2025 la Rada aprobó, y Zelensky firmó, una ley que recortaba la independencia de los dos pilares del sistema anticorrupción: la NABU y la SAPO. Organizaciones de derechos humanos y actores cívicos denunciaron el retroceso, y las calles de Kyiv se llenaron de protestas masivas. La presión social funcionó: días después, Zelensky prometió un proyecto de ley para restaurar las garantías institucionales. Aun así, el daño político estaba hecho: la tentación de recentralizar el control sobre quienes deben investigar al poder dejó al descubierto una contradicción de fondo en su agenda. Human Rights WatchHuman Rights FirstRadioFreeEurope/RadioLibertyThe Washington Post

Indicadores que no despegan

La percepción internacional corrobora el estancamiento. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, Ucrania obtuvo 35/100 y se situó en el puesto 105 de 180 países, prácticamente sin mejora sustantiva pese a la avalancha de promesas y reformas a trompicones. Los números no lo explican todo, pero marcan tendencia: la ciudadanía y los socios internacionales ven un Estado que sigue atrapado entre la guerra, los intereses creados y las reformas incompletas. Índice de Corrupción 2024Transparency.org+1ti-ukraine.org

El argumento de la “realpolitik” y por qué no basta

Defensores de Zelensky señalan el contexto extremo: una guerra existencial, burocracias heredadas, presión fiscal y logística. Todo cierto. Pero las emergencias no justifican debilitar a los vigilantes ni tolerar cadenas de sobreprecio. Más aún cuando la ayuda internacional y la perspectiva europea condicionan su continuidad a reglas claras y controles robustos. Cada escándalo mina la confianza y encarece políticamente la solidaridad exterior.