El Gobierno de Pedro Sánchez, que en la actualidad destina en torno a 175 millones de euros a la prevención de incendios, gastará hasta 500 millones anuales sólo en cumplir su sueño de asaltar TVE. Andreu Buenafuente, Silvia Intxaurrondo, Marta Flich, Gonzalo Miró, David Broncano… la lista de afines es casi interminable y refleja hasta qué punto el Ejecutivo ha convertido las televisiones públicas en su particular cortijo mediático.

Mientras los brigadistas forestales denuncian que un euro invertido en prevención ahorra miles en extinción —19.000 euros por hectárea cuesta sofocar un fuego frente a los apenas 3.000 de mantener el monte limpio—, las partidas que engordan las plantillas de RTVE y de los entes autonómicos se disparan año tras año. Más de 15.000 trabajadores fijos, a los que se añaden centenares de contratos con productoras privadas, absorben más de 1.000 millones de euros en sueldos y cotizaciones.

RTVE es, con diferencia, la corporación más onerosa. En 2024 destinó 490,8 millones a pagar a sus 6.770 empleados, una cifra superior a la de la televisión catalana, que aún así lidera entre las autonómicas con 207,9 millones para 2.487 trabajadores. El País Vasco gastó en 2023 unos 80,7 millones en su radiotelevisión, seguida muy de cerca por la andaluza, con 78,5 millones para 1.172 asalariados.

En el otro extremo se encuentran comunidades como Extremadura, que apenas emplea 10,7 millones para 236 personas, o Aragón, con 8,2 millones y 137 efectivos. Sin embargo, incluso en casos modestos, el peso de estas estructuras resulta notable en comparación con sus audiencias, que en ocasiones no alcanzan el 3% de cuota de pantalla, como ocurre en Castilla y León con La 7 y La 8, gestionadas por el consorcio privado RTVCyL.

El contraste es evidente: mientras los recortes han reducido en un 51% el presupuesto destinado a prevenir incendios forestales desde 2009 —364 millones entonces frente a los 175 de 2022—, las televisiones autonómicas han seguido consolidando plantillas mastodónticas. Sólo TV3 logra liderar en su comunidad, con un 14,4% de cuota, y Aragón TV roza un 11,3%, pero la mayoría de las autonómicas se mueven en márgenes de audiencia reducidos.

A la inversión en nóminas hay que añadir los contratos millonarios con productoras para rellenar la parrilla. RTVE, por ejemplo, destinó 92,4 millones en apenas seis meses de 2024 a este capítulo. En la Comunidad Valenciana, la reapertura de la televisión pública —tras el cierre de Canal Nou en 2013— ha supuesto 27 millones de euros solo en retribuciones de personal para À Punt, cuya audiencia media en julio fue de un modesto 2,4 %.