En España nos enfrentamos a un fenómeno que muchos prefieren maquillar con eufemismos: el cambio demográfico. Nuestra población envejece a un ritmo alarmante, la natalidad se desploma y la pirámide poblacional ya es una pirámide invertida. Lo dicen los datos oficiales: tenemos cada vez menos jóvenes, más jubilados y una tasa de natalidad que ni siquiera garantiza el reemplazo generacional. Ante esta realidad, el discurso oficial lanza una “solución mágica”: la inmigración masiva.

Pero no nos engañemos: lo que se vende como remedio es en realidad una coartada. Nos dicen que necesitamos inmigrantes para sostener las pensiones, cubrir empleos o mantener el crecimiento económico. Sin embargo, este discurso
ignora las consecuencias sociales, culturales y de convivencia que la inmigración descontrolada ya está teniendo en barrios, colegios y servicios públicos. Se pide a los españoles que acepten el cambio radical de su entorno sin derecho a opinar, bajo amenaza de ser tachados de intolerantes.

El problema no es la inmigración en sí. España ha sido tierra de encuentro y
mezcla durante siglos. El problema es la inmigración masiva, desordenada y
utilizada como arma política. Mientras se incentiva la llegada de miles de personas, se castiga fiscalmente a las familias españolas que sí quieren tener hijos. Mientras se predica la multiculturalidad, se desprecia la cultura propia. Y mientras se habla de solidaridad, se olvida que los servicios sociales, la sanidad y la educación tienen un límite.

Los responsables políticos han convertido la inmigración en un tabú. Se nos obliga
a aplaudirla sin debate, sin matices, sin reconocer que detrás de las cifras hay
tensiones reales en la convivencia diaria.

No se trata de xenofobia ni de rechazo irracional, se trata de defender la identidad nacional y de exigir que las políticas migratorias respondan al interés de España, no a los caprichos de burócratas en Bruselas ni a las ONGs que viven del negocio migratorio.

El cambio demográfico es real y nadie lo niega: cada vez hay menos españoles
jóvenes y más españoles ancianos. La solución debería ser apoyar la natalidad,
ayudar a las familias y garantizar oportunidades a los nuestros. Pero en lugar de eso, se prefiere llenar el vacío con inmigración barata, condenando a España a perder su identidad a cambio de mano de obra desechable.

El futuro de España no puede decidirse a espaldas de los españoles. O se recupera una política seria de natalidad y de integración real, o nos enfrentaremos
a una transformación irreversible del país. Y que nadie lo dude: el precio lo
pagaremos en forma de pérdida de cohesión social, de tensiones culturales y de un pueblo que verá cómo su identidad se diluye entre discursos hipócritas y
soluciones fáciles.

España no necesita propaganda multicultural. España necesita defenderse, recuperar el orgullo de lo que es y asegurar que su futuro no dependa de recetas dictadas por quienes jamás asumirán las consecuencias de lo que predican.