La inmigración es, desde hace décadas, uno de los temas más candentes en el debate público. Sin embargo, lo que debería ser una política de Estado seria y planificada, se ha convertido en un terreno de improvisaciones, cesiones ideológicas y cálculos electorales. El resultado es un sistema incapaz de garantizar ni la integración de quienes llegan ni la estabilidad de las sociedades receptoras.

Las fronteras, en muchos casos, han dejado de ser líneas soberanas para transformarse en simples puntos de tránsito. Gobiernos que prometen firmeza terminan cediendo ante la presión mediática o internacional, mientras que los ciudadanos ven cómo los recursos públicos —ya de por sí limitados— se destinan a cubrir una demanda creciente que no siempre va acompañada de aportes proporcionales al sistema.

El problema no radica en la existencia de la inmigración en sí, sino en la falta de control, planificación y responsabilidad política. Cuando la inmigración se produce de manera masiva y sin filtros adecuados, la capacidad de absorción social se ve desbordada: los sistemas de salud se saturan, la vivienda se encarece, y el mercado laboral sufre tensiones que afectan, sobre todo, a los trabajadores más vulnerables de la propia población local.

A esto se suma una retórica oficialista que idealiza la inmigración como si fuera siempre y en todo caso un fenómeno positivo. Se ocultan los conflictos de convivencia, se minimizan los problemas de integración y se desprecia a quienes —con razón— expresan su preocupación. En lugar de abrir un debate serio, se etiqueta de “xenófobo” a cualquiera que pida límites, lo que solo genera más polarización.

La verdadera pregunta es: ¿a quién sirve este modelo? Desde luego, no al ciudadano común. La inmigración descontrolada favorece a ciertos sectores económicos que se benefician de mano de obra barata y desechable, mientras los costos sociales recaen en los barrios populares, no en las élites que predican apertura ilimitada desde la comodidad de sus urbanizaciones exclusivas.

Un país que no controla sus fronteras ni establece criterios claros de admisión renuncia, en la práctica, a su soberanía. La inmigración debe existir, sí, pero en un marco regulado, selectivo y pensado para el bien común. Lo contrario no es solidaridad ni progreso: es una irresponsabilidad política que erosiona la cohesión social y mina la confianza en las instituciones.

Es hora de romper con la ingenuidad y exigir políticas migratorias firmes, justas y realistas. No se trata de cerrar el mundo ni de negar el derecho de las personas a buscar una vida mejor, sino de entender que la primera obligación de un Estado es con sus propios ciudadanos. Y ese principio no debería estar en discusión.