En un continente africano marcado por un crecimiento económico prometedor pero eclipsado por desafíos estructurales como la constante inestabilidad política, el terrorismo yihadista ha encontrado en la inmigración ilegal una fuente inagotable de recursos. Según un exhaustivo informe, elaborado por el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), grupos como Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), Estado Islámico en el Sahel (EI-Sahel) y Boko Haram no solo se benefician económicamente de la trata de personas y el contrabando de inmigrantes, sino que también utilizan estos flujos para reclutar y propagar su ideología radical.

Esta simbiosis entre crimen organizado y extremismo no solo perpetúa la violencia en regiones como el Sahel, sino que proyecta riesgos directos hacia Europa, donde la permeabilidad fronteriza facilita la posible infiltración de ex combatientes, agravando una crisis migratoria que ya desborda los recursos de países receptores como España.

Según OIET, el tráfico de personas se ha consolidado como un pilar estratégico para estos grupos terroristas. A diferencia de otros delitos como el narcotráfico, que generan ingresos puntuales, la trata y el contrabando de inmigrantes ofrecen beneficios continuos y diversificados: cobro de rescates, trabajos forzados, prostitución e incluso matrimonios forzosos.

En el Sahel, JNIM impone «impuestos de paso» en rutas clave desde Tombuctú (Mali) hacia Argelia y Libia, cobrando peajes a traficantes de personas e inmigrantes ilegales que buscan llegar al Mediterráneo y al Atlántico. Este modelo no solo financia armas y operaciones, sino que también sirve de herramienta propagandística, los yihadistas se presentan como «protectores» de comunidades vulnerables, atrayendo simpatizantes y reclutas forzados entre los inmigrantes ilegales atrapados en su red. Boko Haram, por su parte, ha instrumentalizado secuestros masivos –como el de Chibok en 2014– para obtener rescates millonarios y reforzar su control social, convirtiendo a las víctimas en mano de obra o «mártires» potenciales.

Libia emerge como el epicentro de esta red criminal, un «nodo crítico» donde el colapso estatal post-2011 ha permitido que milicias y facciones yihadistas controlen el tránsito de inmigrantes ilegales hacia Europa. Traficantes malienses organizan caravanas que cruzan el desierto, cobrando entre 1.000 y 2.500 euros por persona, mientras JNIM y otras milicias exigen sobornos para garantizar el «paso seguro». El informe destaca cómo estas rutas se entrelazan con el tráfico de drogas y armas, creando economías ilícitas transversales que generan ingresos millonarios. En 2023, más de 286.000 inmigrantes ilegales intentaron cruzar a Europa desde África, muchos a través de estos corredores controlados por extremistas. Esta realidad no solo enriquece a los terroristas, sino que erosiona la gobernanza local, perpetuando un ciclo de corrupción donde funcionarios y milicias se alían para explotar el actual efecto llamada.

El peligro más alarmante radica en la posible infiltración de ex combatientes en estos flujos migratorios. El informe señala que personas huyendo de Sudán y Nigeria –algunas con experiencia en combates junto a JNIM o EI-Sahel– se desplazan hacia el oeste de Mali y, desde allí, hacia las Islas Canarias.

Aunque el componente ideológico en estos grupos es bajo y el riesgo terrorista directo se considera «casi nulo», la mera presencia de individuos con antecedentes en zonas de conflicto plantea desafíos logísticos y de seguridad significativos para las autoridades españolas que no pueden ser ignorados. La porosidad fronteriza, agravada por la inestabilidad en el Sahel, facilita que estos elementos se camuflen entre inmigrantes ilegales comunes, potencialmente exportando violencia o redes de reclutamiento a suelo europeo. Esta inmigración ilegal descontrolada no solo sobrecarga sistemas de asilo ya saturados, sino que expone a Europa a amenazas híbridas que combinan crimen organizado y extremismo.

Las implicaciones para España y Europa son inequívocas, la intersección entre terrorismo y crimen organizado proyecta una amenaza directa al Mediterráneo y el Atlántico. Libia, como hub de estas actividades, ilustra cómo la fragilidad institucional permite que grupos yihadistas financien su expansión, con repercusiones que alcanzan las costas canarias.

Las estrategias europeas se centran en síntomas –como restringir rutas– sin abordar causas raíz como la corrupción, incentivando un transaccionalismo donde países de tránsito usan los flujos migratorios como moneda de cambio. Esta laxitud fronteriza no solo perpetúa el tráfico de inmigrantes ilegales, sino que socava la seguridad colectiva, haciendo imperativa una respuesta más rigurosa con una mayor cooperación en materia de inteligencia, un control fronterizo reforzado y unas políticas que desmantelen estas redes en origen.

En resumen, el yihadismo no ve en la inmigración ilegal un mero flujo humano, sino un negocio lucrativo y una vía de infiltración. Mientras África lidia con sus vulnerabilidades socioeconómicas, Europa no puede permitirse ignorar estos riesgos que van más allá de un mero problema de inmigración ilegal. El informe del OIET urge a actuar con firmeza contra una inmigración descontrolada que, lejos de ser humanitaria, alimenta el terror y compromete nuestra estabilidad.