Manuel Recio Abad.- En términos generales, el estado es la organización política que ejerce soberanía sobre un territorio y su población. Lo hace a través de instituciones que regulan la vida social, económica y política de ese territorio. En esencia, es una estructura de poder que persigue por encima de todo mantener el orden, garantizar la seguridad y promover el bienestar general dentro de sus fronteras.

Para ser considerado un estado, se suelen requerir cuatro elementos claves:

Población: Un grupo de personas que residen de manera permanente en un territorio.

Territorio: Un área geográfica definida con límites claros.

Gobierno: Un conjunto de instituciones que ejercen la autoridad y toman decisiones.

Soberanía: La capacidad de tomar decisiones autónomas y ejercer poder sobre el territorio y la población.

Además, un estado debe ser reconocido a su vez por otros estados, lo que le otorga legitimidad en la comunidad internacional. Los estados también tienen la responsabilidad de mantener el orden interno, proteger sus fronteras y defender a sus ciudadanos.

El estado puede manifestarse de diferentes maneras, como una república, una monarquía, o un estado federal, cada uno con sus propias estructuras y mecanismos de gobierno.

Independientemente de su forma, el estado es ante todo una entidad fundamental en la organización de la sociedad humana. En resumen, el estado es la estructura política y jurídica que organiza y gobierna un territorio y su población, mientras que el gobierno es el conjunto de personas e instituciones que ejercen el poder político dentro de ese estado. El estado es más permanente, mientras que el gobierno puede y debe cambiar con el tiempo.

Cuando un país colapsa no recibe la calificación de “gobierno fallido”. Es el apelativo de “estado fallido” quien nos recuerda que existe un ente público superior que engloba todo lo demás: el Estado. Todos formamos parte de él, y en él nos integramos. El Diccionario de la Lengua Española define al ciudadano como «una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes. Se le llama ciudadanía al conjunto de ciudadanos y a la propia condición de ser ciudadano”.

Es un tremendo error por lo tanto confundir hoy en España el gobierno con el Estado. Sufrimos una situación anómala en la que los mecanismos de defensa estatal han colapsado. Este gobierno autocrático presidido por Pedro Sánchez ha copado y controla todos los resortes que la Constitución establece como medios de control de un uso abusivo del poder. Tampoco el Jefe del Estado da muestras, al menos públicamente, de ejercer con firmeza su papel moderador, que la Constitución le otorga, ante hechos tan denigrantes como los que se están continuamente produciendo y que afectan gravemente a las libertades, a la unidad territorial y al principio de buen gobierno y que influyen muy negativamente a las libertades, la imagen internacional de España, contribuyendo abundantemente al descrédito de las instituciones y la ausencia de credibilidad de quienes las representan.

Los siete diputados que redactaron la Constitución española de 1978, conocidos como “padres de la Constitución”, no previeron tanta perversidad en los componentes de un futuro gobierno, por lo cual no diseñaron un sistema eficaz de cierre hermético, de blindaje del Estado para garantizar que el actual estado de cosas no se produjeran, a modo del impeachment, un procedimiento de destitución de los regímenes presidencialistas propios de los países anglosajones.

Un estado desvalido, desamparado e indefenso no puede causar más que temor y vergüenza a partes iguales.