El gobierno de Justin Trudeau vuelve a estar en el ojo del huracán. Documentos oficiales desclasificados revelan que la cancillería canadiense destinó al menos 170.000 dólares de dinero público en la repatriación de ocho mujeres que habían viajado a Siria para casarse con combatientes del Estado Islámico (ISIS).

Lejos de un retorno austero, las repatriadas disfrutaron de vuelos en clase ejecutiva y se alojaron en el Montreal Airport Marriott. Los informes detallan gastos escandalosos a costa de los contribuyentes: 3.000 dólares en catering, cargos por vinos y comida basura, y cuentas que superaron los 1.000 dólares por habitación en apenas dos noches.

Las repatriaciones comenzaron en octubre de 2022 y continuaron en abril de 2023, cuando cuatro mujeres y diez niños regresaron al país. Entre ellas se encontraba Aimee Vasconez, convertida al islam y vinculada a un batallón femenino de ISIS, y Ammara Amjad, residente de Ontario, que actualmente enfrenta un juicio por terrorismo.

La indignación creció cuando se conoció el caso de Oumaima Chouay, otra de las repatriadas, que en julio de 2025 se declaró culpable de haber participado en las actividades del ISIS. La sentencia: un sólo día de cárcel, tres años de libertad condicional y terapia de desradicalización.

Familias de víctimas de atentados denunciaron el derroche como una afrenta. Mientras ellas deben costear de su bolsillo los viajes para asistir a juicios contra los asesinos de sus seres queridos, Trudeau financiaba el regreso en condiciones de lujo de mujeres que eligieron unirse a la maquinaria de muerte del ISIS.

El propio Servicio de Empleo canadiense (AMS) reconoció que es «casi imposible» probar si estas mujeres manipulan su situación, pero lo que queda claro es que el gobierno socialista de Trudeau priorizó su comodidad antes que la memoria de las víctimas del terrorismo.