El presidente del Gobierno ha interrumpido por unas horas su retiro veraniego en las islas afortunadas para interesarse por la evolución de los incendios forestales con visitas a Orense y León. Lo ha hecho ocho días después de que recorra el país una epidemia de fuego con una balance desolador: tres muertos, decenas de heridos, miles de desalojados y 120.000 hectáreas arrasadas. Pedro Sánchez no había encontrado un instante para acompañar a los afectados y mucho menos para transmitir palabras de consuelo en persona a tantos compatriotas que necesitaban la mano tendida de una estado fuerte y eficaz que no han encontrado.

Tampoco le ha parecido suficiente al jefe del Ejecutivo las llamadas de auxilio de las administraciones regionales y locales, así como de los vecinos de las localidades asoladas y cercadas, para decretar el nivel 3 de emergencias y poner al Gobierno al frente de un operativo de incontestable urgencia nacional. En absoluto. Pedro Sánchez ha reaparecido con esa cara de circunstancias que conocemos de otras situaciones de idéntico tenor para repetir el guion de la Filomena, la dana o el apagón sintetizado en aquella frase «si necesitan ayuda, que la pidan».

Como es la norma, nos ha resultado imposible identificar una palabra sincera que no fuera rebatida por su pasado. Como referente sirva la negativa de ayer mismo de la Delegación del Gobierno en Extremadura a prestar la ayuda requerida para colaborar en la crisis, «no tenemos efectivos disponibles», mientras Pedro Sánchez comprometía su palabra en aportar todos los medios que fueran necesarios. Es en circunstancias límite como la presente, con el bagaje acumulado en el covid, la Filomena, la dana, los incendios, cuando cabe preguntarse si la cuarta potencia económica del euro está preparada para afrontar con las debidas garantías una emergencia destructora.

Hoy, adelantamos que este gobierno del progreso ha reducido en un 40% la capacidad de extinción de incendios en los últimos tres años. Los resultados están a la vista de todos, al igual que las responsabilidades. El gran agujero negro de esta negación del Estado es la conducta lesiva del régimen sanchista, su pulsión enfermiza de pasar por el cedazo de la ideología y el oportunismo cualquier eventualidad por dramática que resulte. Reincidió de nuevo ayer cuando coló el comodín de la emergencia climática y un improvisado pacto de estado para ocultar la inoperancia y la pésima gestión y la estrategia de una administración presa de un sectarismo medioambiental pavoroso.

Es muy reconocible el patrón de esta dejación de funciones perversa para desgastar a la oposición y vender sus consignas. Hay cálculo político y una moral diabólica. El peor de los liderazgos. Sánchez entiende que su táctica de resistencia, atrincheramiento y mentira funcionará. Se equivoca. Los españoles están padeciendo demasiado.

31.000 personas desalojadas en menos de una semana

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desalojado a 31.130 personas debido a los incendios que asola el noroeste del país y Extremadura desde que se declaró la preemergencia el pasado 12 de agosto.Son datos que ha facilitado el Ministerio del Interior tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la que también ha acudido el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los dos cuerpos de seguridad del Estado mantienen su despliegue medio de los últimos días, centrado en misiones de desalojo y confinamiento de las poblaciones amenazadas por el fuego. Un despliegue compuesto por 5.000 agentes de la Guardia Civil, 350 de la Policía Nacional y 200 de Protección Civil.

Además, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil se ha sumado a las labores de extinción, en las que realiza labores de evaluación y control de la evolución de los incendios más graves. Respecto a las investigaciones policiales sobre el origen de los distintos incendios registrados desde el pasado 1 de junio y hasta las doce de la noche de ayer, domingo, se ha detenido a 31 personas e investigado a 92.

La Policía Nacional ha arrestado a 9 personas e investigado a 7, en tanto que la Guardia Civil ha detenido a 22 e investigado a 85.