Los datos oficiales son demoledores: en 2024, la policía de Renania del Norte-Westfalia tuvo que intervenir 15.825 veces en albergues de solicitantes de asilo. En lo que va de 2025, hasta junio, ya se han registrado 6.797 actuaciones, una media de más de 1.100 al mes, según cifras publicadas por el propio gobierno regional en respuesta a una pregunta parlamentaria de la formación soberanista Alternativa para Alemania (AfD).

Las actuaciones policiales cubren un amplio abanico de delitos: tráfico de drogas, robos, extorsión, falsificación, apuñalamientos, agresiones sexuales, tenencia de armas e incluso homicidios.

Para el parlamentario regional Markus Wagner (AfD), las cifras demuestran que «el Estado ha perdido por completo el control«. Wagner denuncia que el Gobierno sigue negando la realidad y reclama la expulsión inmediata de cualquier solicitante de asilo que cometa delitos, evitando que circulen libremente por las calles o aspiren a la nacionalidad alemana.

Los datos llegan mientras crece la preocupación por la desproporcionada presencia de extranjeros en las estadísticas de delitos violentos. Sin embargo, la AfD acusa al Ejecutivo de manipular las cifras: si se incluyen otras vías de entrada como la reunificación familiar, reasentamientos de la UE o programas especiales, el total asciende a 131.000 llegadas en los primeros siete meses del año, casi el doble del dato oficial de solicitantes de asilo.

Para la AfD, el problema no es sólo cuantitativo sino cualitativo: el coste social y en seguridad de la inmigración descontrolada. Mientras el Gobierno intenta presentar un relato de normalización, los datos policiales muestran que en los refugios para solicitantes de asilo se concentran focos de delincuencia grave, con un ritmo de intervenciones que no da tregua a las fuerzas de seguridad.

El centro de acogida de inmigrantes ilegales situado en el antiguo aeropuerto alemán de Tegel vuelve a estar en el punto de mira. Según investigaciones, entre 2022 y 2023 se emitieron facturas del servicio de seguridad por unos 100 millones de euros sin que fueran sometidas a una verificación adecuada.

Lo más grave es que la responsabilidad del control no recaía en la Oficina Estatal para Asuntos de Refugiados (LAF), sino que se delegó a la empresa pública Messe Berlin. Esta compañía, además de supervisar, se beneficiaba directamente de los pagos, ya que cobraba un 15% de recargo sobre cada servicio facturado. Cuanto más elevadas eran las facturas, mayor era el beneficio para la empresa.

El Tribunal de Cuentas de Berlín, citado por el periódico Der Tagesspiegel, denuncia no sólo un conflicto de intereses evidente, sino también la ausencia de controles sistemáticos y la falta de comprobación de si el personal de seguridad facturado estaba realmente presente en el lugar.

Tegel es la mayor y más costosa instalación de este tipo en Alemania. Sólo en 2023, el mantenimiento del centro costó, según la Administración Social del Senado, unos 298 millones de euros. El gasto diario en seguridad alcanzó hasta 250.000 euros, incluido el recargo del 15% para Messe Berlin.

El Tribunal de Cuentas también señala posibles violaciones de la ley de contratación pública: el contrato con la empresa de seguridad no se había renovado mediante licitación durante años. La licitación no llegó hasta finales de 2023 y, aun así, el contrato fue adjudicado de nuevo al mismo proveedor.

Está previsto que a finales de este año el centro cierre en su forma actual y que en 2026 reabra como un centro de recepción «conforme a la UE», con mayor privacidad para hasta 2.600 personas.

Un tribunal administrativo en Alemania ha ordenado la expulsión del diputado federal Steffen Janich, del partido Alternativa para Alemania (AfD), del cuerpo de policía por haber llamado a un «paseo crítico» contra las restricciones sanitarias durante la pandemia. La decisión ha generado un fuerte debate en el país sobre la criminalización de la disidencia política y la libertad de expresión.

Según informaron medios alemanes como Sächsische Zeitung y MDR, la Sala de Disciplina del Tribunal Administrativo de Dresde considera que Janich ha perdido «la confianza necesaria» para seguir ejerciendo como agente del orden debido a su comportamiento durante la crisis del COVID-19.

El motivo central de la sanción fue una publicación que Janich realizó en abril de 2020 en redes sociales, donde escribió: «Estaré el próximo miércoles, de 19:00 a 19:30, caminando alrededor del Ayuntamiento de Pirna, reflexionando sobre esta locura».

El tribunal considera que este mensaje constituía una incitación a violar las normas sanitarias entonces vigentes, pese a que se trataba de una manifestación pacífica y espontánea. Tras el mensaje, unas 180 personas se concentraron en la zona sin portar mascarillas, hecho que derivó en un expediente disciplinario contra Janich por parte de la policía sajona.

La sentencia se apoya en que Janich —quien fue elegido por voto directo en su circunscripción en 2021, con más del 49 % de apoyo— habría «manifestado su negativa a hacer cumplir leyes que no comparte». También se le atribuyen otras publicaciones en redes donde criticaba duramente el sistema político alemán y la gestión del Estado federado de Sajonia.

El tribunal acusa a Janich de haber compartido un vídeo en el que manifestantes rompen un cordón policial, interpretación que, según el fallo, equivaldría a «respaldar la violencia contra las fuerzas de seguridad», así como de «desprestigiar instituciones estatales».

Janich ha rechazado todas las acusaciones y sostiene que su intención nunca fue convocar una manifestación organizada, sino expresar libremente su malestar como ciudadano. En declaraciones recogidas por Tag24, explicó que simplemente «leyó las normas a los presentes» tras declararse espontáneamente portavoz del grupo que se había congregado.