El 18 de agosto. Esa es la fecha marcada en rojo por la Fundación Civismo en su informe anual: el Día de la Liberación Fiscal, el momento simbólico en el que un español medio deja de trabajar para el Estado y empieza a generar ingresos para sí mismo. En total, 228 días al año —más de siete meses— se destinan exclusivamente a pagar impuestos. Son 51 días más que en 2018, el último año completo antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

Nunca en democracia se había alcanzado un esfuerzo fiscal tan alto. En 2019, primer año completo de Sánchez como presidente, ese día llegaba el 17 de junio. Seis años después, la cifra ha escalado hasta agosto, fruto de una presión fiscal creciente desde todos los niveles administrativos: estatal, autonómico y municipal.

Más del 54% de la renta, absorbida por impuestos

El informe alerta de que más de la mitad de las rentas familiares se destinan ya a Hacienda. En concreto, un 54%, lo que Civismo califica como “máximo histórico”. Esta subida no viene acompañada de una mejora salarial real: la clave está en no haber actualizado el IRPF a la inflación, lo que ha empujado a muchos contribuyentes a tramos impositivos más altos sin haber mejorado su poder adquisitivo.

Fedea corrobora el análisis: los hogares pagan un 30% más de IRPF que hace una década, no por subidas explícitas, sino por la llamada “progresividad por inflación”, un mecanismo encubierto que castiga especialmente a las rentas medias y bajas.

Con Sánchez, la recaudación por IRPF ha subido un 36%, la del IVA un 38%, y la del Impuesto de Sociedades un 54%, empujando a España por encima de la media europea en esfuerzo recaudatorio, a pesar de tener rentas más bajas que sus vecinos.

Civismo pone el foco en lo que denomina “segunda fiscalidad”, es decir, los tributos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Esta maraña de impuestos locales supone ya unos 5.000 euros al año por hogar, el equivalente a 80 días de trabajo anuales.

Entre los tributos más sangrantes figuran el IBI (650 euros de media), el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (800 euros por hogar) y una larga lista de tasas, peajes, impuestos especiales o gravámenes medioambientales. A todo ello se suma una fiscalidad sucesoria aún vigente en varias regiones, a pesar de estar bonificada en otras.

Para Civismo, este modelo fiscal responde más a una lógica recaudatoria que a una función redistributiva o de incentivo económico. En su informe denuncia la existencia de tributos “redundantes, arbitrarios y confiscatorios” que alimentan estructuras administrativas sobredimensionadas sin devolver un servicio público equivalente.

Las clases medias, las más castigadas
La presión fiscal no se reparte de forma equitativa. Un trabajador con 31.700 euros brutos al año sufre una retención del 24%, mientras que alguien con 80.000 euros pierde más del 40%. A eso hay que añadir el impacto del IVA, que castiga más a quien menos tiene, al gravar el consumo y no la renta.

Con una renta media de 21.900 euros por hogar —según el INE—, los españoles tienen cada vez menos margen para ahorrar, invertir o mejorar su nivel de vida.

Ante este escenario, Civismo reclama una reforma estructural del sistema tributario, centrada en simplificar, coordinar y aligerar la carga fiscal, especialmente a nivel autonómico y local. La organización denuncia que el sistema actual erosiona la libertad económica del ciudadano y favorece un modelo clientelar e ineficiente.

“El Estado debe financiarse legítimamente, pero sin confiscar la propiedad ni los frutos del trabajo”, concluye el informe. Mientras tanto, el contribuyente medio seguirá dedicando casi dos tercios del año a mantener una maquinaria pública cada vez más costosa y menos eficaz.