Lejos de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acorde a que España es “uno de los países más seguros del mundo”, lo cierto es que son declaraciones que dejan mucho que desear al apoyarse en datos de criminalidad, y episodios cada vez más frecuentes de robos, delincuencia o violencia armada (algunos tan graves como Torre Pacheco). Un problema que preocupa cada vez más a la sociedad de nuestro país, pero un incremento que también sacude a otros países europeos. De hecho, Europa parece estar al límite, con muchas de las cárceles europeas saturadas, desbordadas o superando su capacidad.

Esto es lo que concluyó el último informe del Consejo de Europa, que sostenía que países como Eslovenia, Chipre, Francia, Italia, Rumanía y Bélgica presentan una “superpoblación carcelaria”, mientras que los países del Viejo Continente en conjunto tienen en sus cárceles más de un millón de presos (según datos a enero de 2024, que en base a los del año actual, probablemente el número haya crecido).

Estos seis países mencionados presentan los índices más elevados: Eslovenia encabeza la lista con hasta 134 reclusos por cada cien plazas; le sigue Chipre y Francia, con 132 y 124 reos por cien celdas; Italia alcanza los 118 encarcelados por cien disponibles, y Rumanía y Bélgica, con 116 y 113 prisioneros respectivamente, también cuenta con una sobrecapacidad.

Esta masificación de personas privadas de libertad afecta de forma estructural a un tercio de las administraciones penitenciarias. Al mismo tiempo, son ocho los países cuya población reclusa ya supera la capacidad con la que cuentan sus cárceles: Croacia, Irlanda, Suecia, Hungría, Azerbaiyán, Finlandia, Turquía y Macedonia del Norte.

La tasa de encarcelamiento, a su vez, ha crecido en trece administraciones penitenciarias europeas, siendo Liubliana la que encabeza el aumento, con hasta un 25,4%, seguida por Suecia y Malta.

Los delitos relacionados con drogas constituyen el grupo más numeroso de las infracciones suficientes para entrar en prisión en Europa, mientras que los homicidios son el segundo aspecto. Le siguen los delitos y agresiones sexuales y los robos con violencia.

Otro de los datos a destacar es la presencia de población reclusa extranjera, con la media europea en el 25%. En este contexto, destaca Luxemburgo, con un 75% de encarcelados extranjeros, lo que evidencia desafíos específicos en materia de integración, gestión migratoria y cohesión social. Suiza, Grecia, Bélgica e Italia también son países con un alto porcentaje de reos extranjeros entre sus prisioneros.

Sin duda, se trata de un colapso silencioso de las prisiones europeas que revela fallos estructurales, a la vez que pone en entredicho el respecto a los derechos humanos o ejemplifica una vulneración de las condiciones de vida de los reclusos en las propias prisiones.

En el caso de España, la población reclusa extranjera está en un 31,4% (casi uno de cada tres presos son de otra nacionalidad), siendo la población marroquí la que más contribuye a este colectivo, con un 27,55% de los encarcelados extranjeros. A estos le siguen colombianos, argelinos y rumanos.

En datos concretos, de los 58.937 reclusos en las cárceles españolas, en base a datos de julio de 2024, 18.535 son extranjeros, un incremento de hasta un 16% con respecto a 2020, mientras que el aumento de la población reclusa local en el mismo ejercicio es del 3%. A destacar, por el propio Consejo de Europa, la región de Cataluña, con ligeramente por encima del 50% de proporción extranjera sobre el total de reclusos, tal y como también ha admitido la propia Generalitat catalana.

Si bien el Consejo de Europa insta a los países a adoptar medidas urgentes ante la sobrepoblación de las cárceles que pueda permitir un alivio a la asfixiante presión actual sobre el sistema penitenciario, quizás las alternativas que se puedan tomar puedan no ser las más correctas, o al menos, se destaca en el informe que pueda suponer un “arma de doble filo”.

Un ejemplo de ello es mantenerlos en “prisión preventiva”, que ha tenido un importante repunte en los últimos años. Los casos más destacados, Albania y Armenia, que presentan los niveles más altos. Una medida cautelar en el que estarían inmersos el 26% de los internos, o lo que es lo mismo, más de uno de cada cuatro encarcelados europeos se sujetan por la prisión preventiva, usada para evitar que el acusado pueda huir o interferir en la causa o cometer nuevos delitos.

Algo que, sin embargo, plantea interrogantes sobre el respeto a las garantías procesales y, tal y como indica el informe, puede chocar con el principio de presunción de inocencia, lo que lleva a muchos a ser incluso reincidentes.

Por otro lado, está el envío de población reclusa a otros países, en especial los de origen extranjero. Dinamarca alquiló hace unos años una prisión en Kosovo con una capacidad de hasta trescientos reos por 200 millones de euros, y tras llegar a un acuerdo, podrán ser enviados a lo largo de la próxima década. Una vez que cumplan condena, serán devueltos a sus países de origen.

Siguiendo el ejemplo de Copenhague, Suecia también quiere externalizar sus presos, y ha logrado un acuerdo con Estonia, uno de los pocos países onde la población carcelaria ha caído en los últimos años. Con Tallin también estudian esa vía Países Bajos y Finlandia, mientras Bélgica valora negociar con Kosovo. Hasta Noruega alquiló una prisión en Países Bajos, pero tuvo que ser cancelado, paradójicamente, porque Ámsterdam no podía retener a más.

Pero el no poder llevar a otros países a los presos hace que sean liberados en el propio país en el que se encuentran encarcelados, en muchos casos con anterioridad a la sentencia firmada, pero con fórmulas como arresto domiciliario, libertad condicional o trabajos a la comunidad. Italia y Reino Unido, con políticas migratorias cuestionadas a nivel internacional (con el envío de inmigrantes ilegales a Ruanda y Albania respectivamente) apuestan por acortar las penas de los reclusos no peligrosos, o aquellos que con los delitos “menos graves”.

Han librado así, en el último año, a miles de reclusos, mientras que Bruselas ha aprobado una ley en la que la cárcel sea “el último recurso para las sentencias menores de tres años”. No obstante, se trata de una alternativa también probada anteriormente por Noruega o Bélgica, con resultados lejos de los esperados e importantes críticas, también por el miedo de los delincuentes reincidentes y aquellos que han terminado siéndolos.