Noemí Santana Perera y Ángel Víctor Torres

La Asociación Quorum Social 77, una ONG canaria que fue clave en la atención a menas, está siendo investigada por presuntos malos tratos y abusos cometidos en sus centros. Sin embargo, entre 2021 y 2023, recibió más de seis millones de euros en contratos públicos por parte de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, entonces dirigida por la dirigente de Podemos Noemí Santana.

Durante ese período, la organización obtuvo contratos por vía de emergencia, sin publicidad ni concurrencia, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta fórmula permitió que Quorum 77 operara prácticamente sin competencia en la gestión de recursos para menas, a pesar de que ya pesaban sobre ella denuncias internas e informes oficiales que advertían de posibles irregularidades.

Según fuentes próximas a la administración canaria, desde 2021 llegaron a la Consejería advertencias anónimas de trabajadores sociales y un informe del Defensor del Pueblo que señalaba deficiencias graves en uno de los centros de Gran Canaria, actualmente clausurado judicialmente por presuntas torturas. A pesar de ello, la ONG no sólo mantuvo sus contratos, sino que continuó recibiendo nuevas adjudicaciones y prórrogas.

El informe interno elaborado por técnicos del área describía hechos «presuntamente delictivos», como encierros de menas en habitaciones de aislamiento, uso excesivo de la fuerza y falta de personal cualificado. La exdirectora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, ha admitido que existían sospechas sobre el trato que recibían los menas, pero sostiene que se actuó internamente: «No teníamos pruebas, así que dejamos la investigación en manos de la propia ONG, que dijo haber despedido a los trabajadores responsables».