La permanencia de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento es un desafío a la calidad democrática de la España sanchista. El respaldo de Pedro Sánchez a García Ortiz lesiona aún más la imagen de España en Europa. Estamos ante un escándalo institucional sin precedentes en democracia. En cualquier país democrático, la dimisión del fiscal general sería inmediata.

El fiscal general del Estado es, según la Constitución, el encargado de defender la legalidad y perseguir el delito. Y aquí tenemos al máximo responsable de esa labor siendo él mismo perseguido judicialmente. Es algo que carece por completo de sentido y pone en cuestión todo el sistema.

Es como si se suspendiera a un capitán por un hecho gravísimo y no se actuara contra el general que ha dado la orden.

Es aún más llamativo que la fiscal de Madrid, subordinada directa de García Ortiz, haya quedado libre de procesamiento, mientras su superior continúa imputado sin consecuencias. Esto es un caso claro de fraude. No tiene ninguna lógica jurídica ni ética .

Es urgente que la Comisión Europea intervenga ante esta anomalía, dado que la Unión Europea es una unión de derecho y debe garantizar que se respeten los principios democráticos en todos sus Estados miembros.

“Sánchez protege su trinchera porque teme lo que viene”

El apoyo cerrado de Pedro Sánchez al fiscal general no se basa en convicciones jurídicas, sino en una estrategia política de supervivencia. Está protegiendo su trinchera porque sabe que si cae García Ortiz, la siguiente línea que puede caer es la que afecta directamente a su círculo familiar, concretamente a las causas que rodean a Begoña Gómez y al hermano del presidente.

Desde la Moncloa se ejerce una influencia indiscutible en la Fiscalía. Por consiguiente, mantener a García Ortiz en su puesto forma parte de una maniobra para controlar el relato, los tiempos y, sobre todo, los daños.

En este contexto, el Gobierno de Sánchez ha convertido la política en un ejercicio de resistencia sin límites éticos ni políticos. Estamos ante una estrategia de aguante, de no moverse aunque todo se caiga a pedazos .

Si el fiscal general sigue en su cargo y no se puede frenar el avance de las investigaciones sobre el entorno familiar del presidente, esto puede ser ya insoportable para la ya bastante maltrecha credibilidad del sistema.