Pinturas, grafitis en la pared de un edificio abandonado en la localidad de Benicarló, en la provincia de Castellón.

En Benicarló, en pleno corazón de la provincia de Castellón, los vecinos de la calle Ulldecona han aprendido a vivir con la tensión en el cuerpo. Allí, desde hace más de un año, se ha consolidado un método inquietante: los okupas esperan a que los dueños salgan, fuerzan cerraduras en plena madrugada —algunos incluso con taladros— y, si es necesario, ocupan el espacio aun con los propietarios dentro.

Este sistema ha creado un clima de auténtico miedo en el vecindario. La okupación ilegal de viviendas ya no es una situación aislada: se ha vuelto parte del paisaje urbano, generando suciedad, plagas y una sensación generalizada de abandono. La Policía Local no da abasto. Solo entre octubre y marzo se registraron más de medio centenar de actuaciones por este motivo. “Algunos vecinos viven entre dos casas okupadas. No es vida”, lamenta el concejal Ulpiano Mayoral, que denuncia la falta de actuación decidida del consistorio.

El Ayuntamiento de Benicarló ha respondido con un refuerzo de la vigilancia y actuaciones municipales para analizar estructuras y frenar el deterioro, pero los resultados no convencen a los afectados. Muchos de ellos han malvendido sus inmuebles ante una situación que consideran insostenible.

Y no es un fenómeno exclusivo de esta localidad. En la Vall d’Uixó, una finca okupada se ha convertido en vertedero: los inquilinos lanzan basura al barranco contiguo sin que nadie pueda frenarles. El problema real, según los vecinos, no es solo la ocupación, sino “la impunidad con la que actúan”. En les Alqueries, Burriana o Almassora también se han registrado intentos recientes de entrada ilegal en viviendas.

Frente a esta oleada, algunos pueblos han empezado a encontrar fórmulas para recuperar el control. En el País Vasco, un pueblo logró expulsar a los okupas pidiéndoles una copia de las llaves al empadronarse (ver caso aquí). En Girona, aplicaron una medida legal que ya se reclama a nivel nacional (enlace aquí). Lo que parece claro es que otros países de Europa han legislado mejor para proteger al propietario, como demuestra esta comparativa (leer aquí).

Decretos, facturas y puertas blindadas

La raíz del problema, según expertos, se remonta a 2020, cuando el Decreto Ley que paralizó los desahucios durante la pandemia provocó un crecimiento descontrolado de la okupación. Desde entonces, Castellón ha duplicado los casos, pasando de 380 en cuatro años (2015-2019) a 740 en los siguientes tres, según el Ministerio del Interior.

Mientras tanto, los okupas aprovechan vacíos legales y mecanismos de empadronamiento que muchos propietarios denuncian como discriminatorios. “A mí me pidieron escrituras y tasas. A ellos, nada”, se queja un vecino. Y no es el único: hay okupas que logran empadronarse enseñando una simple factura, lo que les da derecho a servicios municipales básicos (caso similar aquí).

En el distrito marítimo de Castelló, los agentes han logrado recuperar varias viviendas gracias a operativos rápidos y legales. Tras el desalojo, los dueños han empezado a instalar Puertas Anti Okupación (PAO), una medida preventiva que empieza a popularizarse. No obstante, como recuerda el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, las leyes actuales “protegen más al okupa que al propietario”.

Los municipios reclaman más margen legal para actuar. Mientras tanto, se proponen exenciones del IBI a víctimas de la okupación y se estudia reforzar la videovigilancia en zonas especialmente sensibles como el barranco de Aigualit, donde no se sabe quién vive ni quién tira la basura.

La desesperación de muchos vecinos choca con la lentitud de los procesos legales. Algunos propietarios han logrado recuperar sus casas, como en Vallecas, donde todos los okupas de un edificio fueron desalojados tras una petición del dueño (ver historia completa).

Un magistrado del Tribunal Supremo ha dado con una idea que podría cambiar el panorama: una frase en el contrato de alquiler que evitaría okupaciones si el inquilino deja la casa (descúbrela aquí). Pero mientras no se generalice esa práctica o no haya un cambio normativo, Benicarló y tantos otros pueblos castellonenses seguirán a merced de una okupación cada vez más agresiva.