La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Antonio Jiménez.- Por la dana nos enteramos que en el Gobierno de Sánchez existía Diana Morant, la supuesta ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Digo que supuesta porque hasta entonces poco o nada sabíamos sobre su gestión al frente de la citada cartera ministerial. Su nombre y cometido en el copioso Ejecutivo era tan desconocido para la ciudadanía e incluso para los periodistas como los del resto del gabinete, salvo algunas excepciones sustentadas en la provocación y en el insulto y no tanto en su buen hacer gubernamental. Estoy pensando en Óscar Puente y cuánto ganaría Renfe si se dedicara a arreglar el desastre ferroviario en lugar de hacer de ‘oscargután’ con sus comentarios en X.

Diana Morant, también secretaria general de los socialistas valencianos y más que probable candidata a la Generalitat, vio en la dana su oportunidad para emerger políticamente y aprovechar la tragedia para posicionarse frente al PP y Mazón hasta el extremo de pasar más días en Valencia desde entonces, sin cometido ni cargo orgánico para la gestión del desastre, que en el despacho del ministerio. Por gentileza de su jefe, desde hace nueve meses en que se registró el desastre, Morant cobra su sueldo de ministra de Ciencia pero trabaja para el PSOE valenciano y para su candidatura haciendo oposición «in situ» contra el Gobierno de Mazón. Y ahí sigue, evidenciando que en el sanchismo se puede ejercer la política oficial desatendiendo los intereses generales ciudadanos mientras se satisfacen los partidistas y personales.

En coherencia con ese reprobable proceder Morant no tiene empacho en defender a quien ha sido el comisionado de Sánchez para la dana, José María Ángel, de quien «no me arrepiento de nombrarle y no voy a renunciar a él», ha dicho, a pesar de haber sido pillado con el carrito de los currículums falsificados. Es escandaloso que la ministra de Universidades diga que ella no pide títulos sino hoja de servicios, para justificar su apoyo al falsificador, y que a un político no lo hace el título académico sino su currículum de trabajo. Aunque ese currículum , le faltó añadir, estuviera inflado con el agravante delictivo de un documento público falsificado: un título universitario inexistente de diplomado en Archivística y Biblioteconomía con el mismo valor académico que un máster por la Universidad de Matacagada de los Infantes, que no existe ni se la espera, pero que le valió al excomisionado para entrar en la Diputación de Valencia y vivir del erario público como funcionario de nivel A2 desde 1985.

Que la ministra de Universidades abomine de los títulos universitarios y por ende de la excelencia académica es tan insultante e intolerable como que la ministra de Sanidad consienta y defienda que un curandero pueda ejercer de médico con un título comprado en el Rastro. Si por algo se singulariza el gobierno sanchista de regresión que es todo lo contrario al de progreso, es precisamente por la frivolidad y vacuidad de muchas de sus acciones y declaraciones de este tipo, incompatibles con el sentido común, y contrarias a los estándares de responsabilidad y exigencia que debemos suponerle a quienes desarrollan y gestionan la dirección ejecutiva de un Estado. En un alarde de populismo y demagogia insufribles, la vicepresidenta Yolanda Díaz rechazó el debate sobre los títulos universitarios con la excusa de no polemizar sobre la «titulitis» en la política porque a ella, lo que la pone y desea, es que una limpiadora o un albañil sean ministros del Gobierno.

A partir de esa declaración de intenciones para qué le vamos a pedir responsabilidades a su jefe por su fraudulenta tesis doctoral, si desde el gobierno que preside, ya sean Morant o Díaz, se ha hecho de la indigencia intelectual un bien de Estado. Estamos en manos de un gobierno de licenciados ‘cum fraude’, con menos fuste y fundamento que una gaseosa sin burbujas y como diría el doctor en la materia, «ni tan mal», porque todavía no nos cayó el meteorito.