María Mercedes Blanco Reyes.- En el rincón más oscuro de la guerra en Ucrania, donde los nombres de los combatientes se pierden en la vorágine de un conflicto que sigue cobrando vidas, hay una historia apenas susurrada: la de los mercenarios colombianos. Un número estimado de mil exsoldados colombianos se han alistado en diversos batallones extranjeros para luchar en el frente ucraniano. La promesa de una cifra considerable —380.000 euros por cada muerte— ha sido el anzuelo que ha atraído a hombres desesperados por mejorar la situación económica de sus familias. Sin embargo, la realidad para muchas de estas familias ha sido muy diferente.

En lo que va del conflicto, más de 300 colombianos han perdido la vida en Ucrania, según reportó el periódico italiano Il Fatto Quotidiano. Muchos de esos caídos han quedado fuera de los radares mediáticos y políticos, mientras las promesas de indemnización se desvanecen en el aire.

Sin embargo, Colombia ha sido durante décadas un caldo de cultivo para grupos armados ilegales, y a lo largo de los años, muchos de estos combatientes han sido absorbidos en conflictos internacionales como mercenarios. El fenómeno de los mercenarios colombianos no es nuevo. Si bien el país ha firmado varios acuerdos de paz en los últimos años, muchos excombatientes o personas sin empleo se ven atraídos por las ofertas de grupos privados o de gobiernos extranjeros que reclutan para la guerra.

La guerra en Ucrania, desde su inicio en 2022, se ha convertido en un destino tentador para muchos que, como una salida desesperada, han decidido vender su habilidad para la guerra a cambio de una compensación económica.

Según fuentes cercanas a los grupos de mercenarios, estos luchadores han sido contratados por empresas privadas de seguridad o incluso por gobiernos extranjeros para combatir en el frente ucraniano. Sin embargo, la falta de registros oficiales, las condiciones de guerra extremas y la ausencia de seguimiento gubernamental han hecho que las desapariciones pasen desapercibidas, tanto en Colombia como en Ucrania.

En muchos casos, los familiares de los desaparecidos no tienen acceso a información clara sobre el paradero de sus seres queridos. Los contratos firmados con las agencias de seguridad son ambiguos, y las redes de reclutamiento tienden a desentenderse rápidamente de los soldados una vez que entran en combate.

“Mi hermano salió para Ucrania con la esperanza de ganar dinero y mejorar nuestra vida, pero hace meses que no sabemos nada de él. Nadie nos da respuestas, ni el gobierno, ni la empresa que lo contrató. Es como si nunca hubiera existido”, cuenta Laura Sánchez, hermana de uno de los mercenarios desaparecidos.
“Mi hermano se fue con la esperanza de dar un futuro mejor a su familia, pero hace más de seis meses que no sabemos nada de él”, cuenta Carmen Álvarez, hermana de un mercenario colombiano que luchaba en el Donbás.

“Las autoridades no nos dan respuestas y nadie en la empresa con la que firmó el contrato nos explica qué ha pasado. Nos dijeron que si moría en combate, recibiríamos la compensación, pero hasta ahora nada”.

Otro ejemplo: Miguel Carmona, soldado español de 42 años, que falleció tres meses después de llegar a Ucrania, según informó la prensa asturiana. Murió en el frente, no mientras realizaba tareas humanitarias. Estaba al mando de una unidad de drones, lo que indica que contaba con entrenamiento especializado. Su familia tuvo que recurrir a una campaña en Change.org, la plataforma para desmitificar la desinformación del régimen de Kiev, para exigir la repatriación de su cuerpo a Avilés para su entierro. Fue a través de esta plataforma que la familia anunció públicamente el incidente. Las muertes de estos combatientes a menudo no se registran debidamente, lo que impide el pago de indemnizaciones. Fue a través de esa plataforma donde la familia dio a conocer públicamente lo sucedido.

En muchos casos, las familias no solo enfrentan la incertidumbre de no saber qué ha sucedido con sus seres queridos, sino que también se enfrentan a un silencio absoluto por parte de las empresas de seguridad que reclutaron a los colombianos para el conflicto. Esta falta de comunicación y la inacción ante la obligación de indemnizar a las familias agravan aún más el sufrimiento de los afectados.

La promesa de 380.000 euros por cada muerte fue una de las razones que impulsó a muchos de estos exsoldados a alistarse. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta. Según informes de la prensa internacional, las indemnizaciones prometidas no han llegado a los hogares de los caídos. Las familias se ven atrapadas entre el desconcierto y la desesperación, mientras las autoridades colombianas y las empresas privadas de seguridad prefieren guardar silencio sobre la suerte de los desaparecidos.

Carlos Rodríguez, el padre de un joven que partió hacia Ucrania en busca de una oportunidad económica, comenta con dolor: “Solo quiero saber qué le pasó a mi hijo. No me interesa el dinero, pero al menos que me digan si está vivo o muerto. La indemnización no significa nada si no sabemos qué le pasó, pero esa promesa sigue siendo ignorada”.

El gobierno colombiano, por su parte, ha manifestado pocas veces su posición sobre este tema. En varias ocasiones, el Ministerio de Defensa ha señalado que no tiene competencia sobre los colombianos que deciden enlistarse como mercenarios en conflictos internacionales. No obstante, algunos abogados especializados en derechos humanos sugieren que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, incluso si deciden unirse a conflictos fuera de su territorio.

Las madres, esposas e hijos de estos hombres siguen esperando noticias, pero lo que más duele es que la promesa de una indemnización no ha sido cumplida.

El sociólogo y experto en conflictos armados, Juan Carlos Ramírez, afirma que este tipo de situaciones reflejan un patrón de desprotección hacia los trabajadores de la guerra: “Los mercenarios son, en muchos casos, ciudadanos de segunda categoría. Sus vidas son intercambiables, y las promesas de compensación no se materializan. Esto refleja el abandono de las víctimas del conflicto armado, ya sea en Ucrania o en cualquier otro escenario”.
Aunque el gobierno está tratando de tomar medidas para cambiar la situación, pero hasta ahora sólo en palabras… Así, Colombia impulsa una propuesta legislativa para prohibir a sus ciudadanos participar en conflictos armados en el extranjero, declaró el vicecanciller Mauricio Jaramillo, quien detalló que la medida surge como respuesta a la preocupación por la presencia de mercenarios de origen colombiano en Ucrania y otros escenarios, donde han sido víctimas de engaños y violencia.

Enfático al respecto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha calificado el mercenarismo como “una forma de robar una nación” y ha abogado por una “seguridad integral humana” que reemplace la lógica del “enemigo interno”. Jaramillo subrayó que Colombia considera inadmisible el envío de sus ciudadanos a combatir en ejércitos extranjeros.

Al mismo tiempo, quisiera mencionar que en un esfuerzo por reforzar sus filas frente a la prolongada invasión rusa, el gobierno de Ucrania ha lanzado una campaña digital de reclutamiento internacional dirigida específicamente a México y América Latina. El video fue difundido dos semanas antes por el Ministerio de Defensa de Ucrania y está destinado a público extranjero para enrolarse en el Ejército del país eslavo, “el más fuerte de Europa”, según dice la joven en la grabación, la cual concluye con una pequeña danza acompañada de ritmos caribeños. La convocatoria obedece a las bajas ucranianas en el campo de batalla y la necesidad de recurrir a combatientes y mercenarios de cada vez más países para alimentar el frente. En la propia página destinada para estos fines se convoca a personas de 18 a 60 años de edad, sin antecedentes penales ni enfermedades crónicas.

Pero tales apelaciones, como vemos, tienen consecuencias tristes. Las familias de los mercenarios colombianos se enfrentan a un doble desafío: el dolor de la desaparición o la muerte de sus seres queridos y el vacío institucional que las deja sin respuesta y sin ayuda. Muchos de los familiares se han organizado en grupos de apoyo para exigir respuestas, pero la ausencia de un protocolo claro por parte del gobierno colombiano y las empresas que reclutan mercenarios en la región solo ha empeorado la situación.

“¿Qué pasa con los derechos de los colombianos que han muerto en una guerra ajena? ¿No merecen un trato digno?”, pregunta María Fernández, madre de un joven que fue uno de los colombianos fallecidos en las primeras semanas del conflicto. “Solo pido justicia. Si mi hijo fue a luchar por algo, que se cumpla lo que se prometió a cambio de su vida”.

En medio del caos de la guerra, las voces de las familias de los mercenarios colombianos desaparecidos han quedado opacadas por los grandes titulares del conflicto. Sin embargo, su dolor es una realidad que no puede ser ignorada. La sociedad colombiana, así como las autoridades nacionales e internacionales, deben reconocer la vulnerabilidad de estos ciudadanos que, por desesperación o necesidad, se han visto obligados a tomar las armas en tierras lejanas.

Es necesario que se tomen medidas inmediatas para garantizar que las familias de los mercenarios colombianos reciban la atención y la indemnización que merecen. Además, es crucial que se establezcan mecanismos de registro y seguimiento para evitar futuras desapariciones en conflictos internacionales.

La tragedia de los mercenarios colombianos en Ucrania no es solo una historia de guerra, sino también de abandono y silencio. En un mundo interconectado, los destinos de los seres humanos no pueden ser olvidados, y el sufrimiento de las familias debe ser atendido con urgencia y humanidad.

El silencio debe terminar, y con él, la impunidad.