Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente catalán, Salvador Illa

El Gobierno de España ha autorizado la inversión de más de 24,6 millones de euros en la organización de la 48ª edición de la Ryder Cup, que se celebrará en 2031 en Camiral, en la Costa Brava catalana. Así lo ha comprobado El Debate tras analizar los acuerdos adoptados en el último Consejo de Ministros, en los que se aprueba la adquisición de compromisos de gasto entre los ejercicios 2026 y 2029 para financiar, a través del Consejo Superior de Deportes, un convenio con la Real Federación Española de Golf y Ryder Cup Europe LLP. El importe anual asciende a 6.166.667,67 euros, lo que ha requerido una autorización expresa del Ejecutivo.

El gesto contrasta de forma llamativa con el trato que ha recibido la Vuelta al Mundo a Vela -actualmente denominada The Ocean Race-, la regata que parte cada cuatro años desde Alicante y que ha sido excluida del listado de Acontecimientos de Excepcional Interés Público en el reciente Real Decreto-Ley 8/2025. La decisión impide que el evento acceda a los incentivos fiscales esenciales para captar patrocinadores y garantizar su viabilidad financiera, un reconocimiento que sí había recibido en todas sus ediciones anteriores desde 2008. Pese a que la Generalitat Valenciana había solicitado formalmente dicha consideración el pasado junio, el Consejo de Ministros ha optado por dejarla fuera del listado, generando un fuerte malestar en el ámbito institucional, empresarial y deportivo de la Comunidad Valenciana.

Más allá del desequilibrio en el apoyo gubernamental a ambos eventos, el contraste ha reavivado las acusaciones de trato de favor hacia la autonomía gobernada por Salvador Illa y de marginación sistemática hacia territorios como la Comunidad Valenciana. Una vez más se pone de manifiesto la dependencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez de los votos de los partidos independentistas para poder legislar, y sus decisiones son parte de esa estrategia de supervivencia parlamentaria.

En este contexto, el senador del Partido Popular Agustín Almodóbar ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno, cuestionando los motivos de la exclusión y sugiriendo una intencionalidad política en la distribución de los apoyos institucionales. «¿Está utilizando el Ejecutivo las Declaraciones de Eventos de Excepcional Interés Público como herramienta política para premiar o castigar comunidades según su color político o peso parlamentario?», plantea el senador alicantino, que también ha exigido conocer si se han emitido informes técnicos para justificar la decisión y si se consultó a las administraciones autonómica y municipal afectadas.

Impacto frente a falta de apoyo

Los datos de impacto económico, turístico y mediático de The Ocean Race refuerzan la incomodidad con la decisión del Gobierno. Según un estudio de PricewaterhouseCoopers, la edición 2022-2023 de la regata generó más de 71,6 millones de euros de PIB, 1.232 empleos anuales y atrajo a más de 300.000 visitantes, con una audiencia global superior a los 8.100 millones de personas. Unos registros que difícilmente pueden considerarse menores, y que en anteriores ocasiones han sido determinantes para su inclusión en el régimen fiscal especial.

Desde el Gobierno valenciano, la respuesta ha sido rotunda. La consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha calificado la exclusión como un «auténtico agravio comparativo con otros territorios», recordando que «casi la mitad de los eventos reconocidos se celebran en Cataluña». A su juicio, la decisión compromete seriamente la capacidad de Alicante para mantener la cita al nivel que exige el calendario internacional, ya que «la falta de beneficios fiscales lastrará la organización del gran evento, que tendrá más dificultades para captar capital privado».

Prioridades políticas y reparto desigual

Mientras tanto, la financiación de la Ryder Cup avanza sin obstáculos. El Consejo de Ministros ha blindado un compromiso plurianual para respaldar con fondos públicos un evento que no tendrá lugar hasta dentro de seis años. Esta disparidad ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias en el reparto de apoyo institucional del Gobierno de España según territorios.

Para el Ejecutivo autonómico, la exclusión de The Ocean Race no responde a criterios técnicos ni económicos, sino a prioridades políticas que apuntan al eje de alianzas parlamentarias que sostienen a Pedro Sánchez en La Moncloa. La Comunidad Valenciana vuelve así a situarse en la periferia del tablero político, mientras Cataluña refuerza su posición como receptora preferente de recursos y reconocimiento estatal.