El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ramón Pérez-Maura.- España ha dado un paso más en la degradación de su democracia. Álvaro García Ortiz no se vería sentado en el banquillo si no fuera porque Pedro Sánchez quería destruir la carrera política de Isabel Díaz Ayuso. Y don Alvarone cumplió sumisamente con la voluntad del capo de la mafia que hoy gobierna España. En el proceso de cumplir la voluntad del jefe, García Ortiz borró los mensajes de su teléfono y se inventó un protocolo que le obligaba a hacerlo cada cierto tiempo. Protocolo del que nadie más tenía conocimiento en la Fiscalía.

El Supremo dice con toda claridad respecto al borrado que «desde criterios de racionalidad esa desaparición tuvo por finalidad ocultar la información ante una posible investigación y no puede quejarse quien la hizo de que ahora tiene limitada su defensa» y los magistrados recuerdan que «la desaparición intencionada de pruebas es un potente contraindicio que se utiliza habitualmente por los tribunales».

Esta última apreciación del Supremo es relevante porque nos recuerda la falta de calidad jurídica del fiscal García Ortiz. Cuando fue nombrado a instancias de su predecesora, Dolores Delgado, el comentario más generalizado en la Carrera era el de que no estaba a la altura del cargo. Lo que en una carrera de mérito es bastante fácil de juzgar.

El procesamiento del fiscal general pone a España en una situación inverosímil. No hay una democracia en el mundo donde se pueda ver al fiscal general sentado en el banquillo. Procesalmente es una situación inimaginable. Nunca se pudo prever algo así por la sencilla razón de que esto implica que quien actúe como fiscal en el juicio está a las órdenes de aquel a quien se está juzgando. Esta situación nunca pudo ser imaginada porque a nadie se le podía ocurrir que un fiscal que se viera en esta situación –que también era inimaginable– no dimitiera de inmediato. Pero hasta el propio Sánchez dice que tiene que continuar en el cargo, ofreciendo la prueba imborrable de la degradación de nuestra democracia.

Es evidente que los tiempos cambian y hay que adaptar nuestras estructuras jurídicas a nuevas situaciones que no eran imaginables en el pasado. La no dimisión de García Ortiz me recuerda a la inverosímil situación de Estados Unidos donde está en la Presidencia un hombre condenado por múltiples cargos. En 1776 a los padres fundadores no se les podía ocurrir que pudiera darse una situación así. Nadie votaría a un condenado. Pero los tiempos han cambiado y esas condenas ya parecen irrelevantes.

Aquí podemos llegar a encontrarnos con un fiscal general del Estado condenado en un proceso en el Tribunal Supremo. Y al paso que vamos ni por eso dimitiría Sánchez pese al apoyo que sigue dándole a día de hoy. Por ahora nos vemos el próximo septiembre en la inauguración del año judicial por el Rey y don Alvarone sentado a su lado. Hasta ahí hemos caído.