Australia ha extendido los beneficios por maternidad a mujeres que interrumpen su embarazo después de la semana 20 de gestación, una decisión que ha generado un profundo debate social y ético. La medida permite acceder a prestaciones económicas incluso en casos de aborto avanzado, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como un incentivo encubierto para estas prácticas.

El programa gubernamental contempla dos vías de compensación: un subsidio único de 4.255 dólares australianos (aproximadamente 2.400 euros) por «nacimiento sin vida» o una baja parental remunerada que asciende hasta los 20.147 dólares (cerca de 11.300 euros). Ambas opciones están disponibles para embarazos interrumpidos a partir de la semana 20, ya sea por aborto provocado o muerte fetal espontánea.

Esta política, impulsada bajo el mandato del primer ministro Anthony Albanese, ha sido duramente criticada por organizaciones provida y sectores cristianos. Para ellos, el nuevo sistema transforma lo que antes era un respaldo económico al nacimiento en una ayuda que puede servir para costear interrupciones voluntarias del embarazo en fases muy avanzadas.

Uno de los casos que más polémica ha generado es el de una mujer que, tras someterse a un aborto tardío, comentó con entusiasmo a una partera que utilizaría el dinero recibido para pagarse unas vacaciones en Bali. El testimonio ha reavivado el debate sobre el uso y la finalidad real de estas prestaciones.

La jurista y activista provida Joanna Howe ha alzado la voz contra este modelo, al que acusa de «subvencionar el infanticidio intrauterino». Según explica, en muchos de estos procedimientos se utiliza una inyección letal de digoxina o cloruro de potasio para provocar la muerte del feto, seguida de una inducción al parto. «Es el acto intencionado de provocar la muerte de un bebé sano en etapa muy avanzada y luego alumbrarlo sin vida», denuncia.

Howe también pone el foco en un dato alarmante: en Australia Meridional, donde esta legislación ya se aplica, el 80% de los abortos practicados después de las 20 semanas se realiza a fetos sin malformaciones ni patologías. A su juicio, el Estado ha pasado de promover la vida familiar a facilitar el aborto como alternativa social, incluso más rentable para algunas beneficiarias.

Desde el centro Pregnancy Advisory Centre, dependiente del Gobierno del Sur de Australia, se ha publicado una guía oficial para tramitar este tipo de ayudas. El documento incluye instrucciones sobre cómo completar el formulario necesario, que debe ser validado por el médico responsable del aborto y entregado a Centrelink —el organismo de servicios sociales— en un plazo no superior a 52 semanas desde el procedimiento.

El texto advierte que el lenguaje empleado puede resultar sensible o perturbador, dado el contenido emocional del proceso. Se solicitan detalles como la fecha de la intervención, la firma médica y la confirmación expresa de ciertos criterios.