Xavier Rius.- Hace años fui al ayuntamiento de mi localidad (Martorell) a hacer una gestión administrativa. No recuerdo exactamente qué. Creo que a presentar una instancia. Era en pleno mes de agosto. Es más, juraría que estábamos en medio del puente. El de la Asunción. Delante tenía a dos inmigrantes —uno de origen magrebí y otro hispanoamericano— que preguntaron qué tenían que hacer para empadronarse. La funcionaria les informó que sólo necesitaban contrato de alquiler y pasaporte en vigor. Cuando me tocó el turno —nos conocíamos de vista— me miró con cara de resignación. En plan… «si yo te contara». Inmediatamente pensé: si, en pleno mes de agosto, en menos de un par de minutos, preguntan dos personas para empadronarse, ¿cuántas deben hacerlo a lo largo del año? Porque, como saben, el empadronamiento abre la vía a las prestaciones sociales, la atención sanitaria y la educación pública gratis. Es decir, a todo. ¿Cómo no van a venir?

Recuerdo al respecto una entrevista a la entonces líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, ahora Rassemblement National, en La Razón el 5 de abril del 2014. Ponía de manifiesto que, en su opinión, la única forma de hacer una política disuasoria en el tema de inmigración era «cortando todo lo que hace atractivo a nuestros países: escolarización gratuita, vivienda gratuita, sanidad, ayudas». El PP ya intentó en el 2012 poner un poco de orden con el famoso decreto 20/2012, de 13 de julio, que limitaba la sanidad pública a los inmigrantes con papeles. A excepción, claro, de urgencias. Fue la única medida del PP en la materia aunque, con las secuelas de la crisis todavía pendientes, en realidad era una medida económica. Pedro Sánchez, en cuanto llegó al poder en el 2018, derogó el citado decreto, y restauró el acceso universal a la sanidad pública. No quiero entrar ahora en cómo está el sistema sanitario y, sobre todo, los problemas crónicos de financiación que tiene porque no es el objeto de este artículo. En realidad, el Partido Popular había seguido los pasos del canciller Gerhard Schröder con la famosa Agenda 2000, un programa de reformas para Alemania. Y eso que era socialdemócrata. En efecto, si los alemanes, que tienen un PIB muy superior al nuestro, tomaban medidas al respecto es evidente que nosotros deberíamos hacer lo mismo.

Viene a cuento todo esto por los empadronamientos fraudulentos, en demasiadas ocasiones con la complicidad de consistorios gobernados por la izquierda. VOX ya denunció en mayo que el Ayuntamiento de Barcelona tenía empadronadas a casi 4.000 personas en unas dependencias municipales del distrito de Horta-Guinardó. Ahora, el de Sant Cugat ha decidido también dar de baja a otras 4.000 del padrón municipal. En este caso tenían fijada su residencia, supuestamente, en un edificio público. El teniente de alcalde Relaciones Institucionales, Jordi Puigneró, salía el otro día en X sacando pecho y culpaba a las «políticas cupaires» del anterior consistorio, en manos de ERC. «Derechos sí, coladero, no», concluía.

Puigneró fue vicepresidente del gobierno catalán (2021-2022) hasta que fue cesado por Pere Aragonès en aquella crisis que agrió las relaciones entre Junts y Esquerra. Aunque, todo hay que decirlo, propuso ampliar el Aeropuerto del Prat por un lado y por el otro. Idea que ahora ha copiado Salvador Illa. Y, por cierto, la exalcaldesa, la republicana Mireia Ingla (2019-2023), acaba de ser recolocada como nueva presidenta de la cadena de televisiones locales de la Diputación de Barcelona a 95.000 euros al año. Todo, por supuesto, con el visto bueno del PSC. A pesar de que ni siquiera ha desarrollado su actividad profesional en el mundo de los medios de comunicación. Es abogada especializada en vivienda y familia. La citada cadena es aquella que mantiene en nómina a la mujer de Puigdemont con un programa semanal que cuesta más de 10.000 euros y apenas tiene audiencia.

Pero, volviendo a los empadronamientos, me consta que el alcaldable de VOX en esta localidad, Marcos Rodríguez Font, ya venía dando la vara desde hace tiempo. En julio de 2024, ya denunció que el consistorio tenía empadronadas a casi 500 personas en la sede de servicios sociales. Entonces, por supuesto, nadie les hizo caso. No es el único caso similar. En TV3 explicaban el pasado día 18 el de una veintena de subsaharianos que dormían en los alrededores de la estación de Gerona «a la espera de poder tener cita previa para poder tramitar el asilo». La propia presentadora del informativo revelaba, no obstante, que «en Francia no lo han podido obtener». Luego entrevistaban a uno de ellos que, en un francés precario, decía que había estado también «en Italia». Sin embargo, no le habían dado tampoco el estatus de refugiado. Añadió que estaría encantado de «integrarme aquí».

Desde luego un drama humano, pero a ver si lo entiendo: ¿España acoge a personas que han rechazado otros países comunitarios? Después se preguntan por qué sube VOX.