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El sanchismo presume de un modus operandi muy claro en el tablero político que busca ventaja y la erosión del adversario. No se proponen soluciones a los problemas, ni siquiera se afrontan mientras crecen y amenazan, eso cuando se reconocen, sino que se desentiende de facto para atribuir su descomposición y las consecuencias a la oposición. La inmigración es un caso paradigmático de una gestión lesiva que ha alimentado un caldo de cultivo explosivo con considerable impacto sobre la opinión pública. Evidentemente, es un fenómeno que no sólo ha convulsionado España y, sin embargo, ningún otro ejecutivo europeo lo ha abordado con el sesgo y la intención ideológica, populista y frentista.

Prácticamente todos nuestros socios han actuado para contener y relajar la presión con planteamientos que han priorizado la seguridad y la regulación ordenada en defensa del interés general, pero también de todos aquellos que llegan hasta nuestras fronteras en busca de oportunidades y de una vida mejor. Sin olvidar que el primer deber de todo responsable público que se precie de serlo es preservar los derechos de sus conciudadanos a los que lo liga un contrato social inquebrantable. Solo desde el rigor en las convicciones, sin resquicios a la demagogia y la impostura que tanto maneja la izquierda en este asunto, es posible enfocar una crisis de tintes humanitarios, pero desde el respeto al marco jurídico, el principio de legalidad y la lealtad con los gobernados que no entienden de las mezquindades de aquellos que desde el poder instrumentalizan tanta tragedia.

Nunca las políticas de puertas abiertas y su efecto llamada han propiciado una oportunidad real a quien la persigue con desesperación, pero con rectitud, y menos aún a las sociedades de acogida que han enfrentado la irreflexión de tanto político menudo. Pedro Sánchez renegó siempre de la inmigración como política de estado y por supuesto de un acuerdo con el PP y sus gobiernos competentes en la materia.

Como en otros frentes, alentó la tensión y el enfrentamiento mediante el abuso de poder con medidas arbitrarias y unilaterales como en los casos de los menores. Abonó así el terreno a la inseguridad y la radicalización, con la intención de que pudiera explotar el filón de los extremismos sin que, como en otros casos, el bienestar de los españoles y de los inmigrantes alterara su perspectiva. Con Sánchez nada es inocente y mucho menos inocuo.

Casi siete de cada diez españoles asocian la inmigración ilegal con el aumento de la inseguridad, más o menos en ese porcentaje lo señala como uno de los grandes problemas del país y una mayoría opina que aquellos que se encuentren en situación irregular deben ser expulsados. Sánchez también es gasolina para este fuego. Será otra parte de su legado envenenado.