El Gobierno de Pedro Sánchez continúa con el despilfarro económico en medio de un contexto de familias que no llegan a final de mes, miles de niños que viven bajo el umbral de la pobreza y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda.

Así en el último Consejo de Ministros aprobó la propuesta de distribución de 22 millones de euros como crédito extraordinario a las comunidades de Canarias y de Baleares y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2025. Esta partida tiene como objetivo «garantizar» el sostenimiento de los sistemas de acogida de dichos territorios, es decir, para menas e inmigrantes ilegales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, llevó al Consejo de Ministros contribuciones a diversas organizaciones, programas, fondos y otras entidades internacionales y globalistas por un importe cercano a los 62 millones para reforzar el trabajo multilateral a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En lo que va de año se ha aprobado ya el desembolso de más de 150 millones con un total de 42 organismos multilaterales.

Entre los principales destinatarios está el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) con 4,3 millones de euros. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), señalada por colaborar con los terroristas de Hamás, recibirá seis millones de euros.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que alienta la inmigración ilegal, recibirá 850.000 euros mientras que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recibirá 3,1 millones de euros. La lista de contribuciones voluntarias se complementa con 4,3 millones de euros al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 1,5 millones a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y más de 5,5 millones de euros a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

También más de 4,9 millones de euros a la Entidad de la Organización de las Naciones Unidas «para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer»; dos millones de euros a la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana; y 700.000 euros al Fondo de Aceleración de Cabo Verde 2030.