José Manuel Albares, Ministerio de Asuntos Exteriores / Twitter

Ramón Pérez-Maura.- El Gobierno de España, representado por Napoleonchu, lo que ya es empezar mal cualquier cosa, llevó el pasado viernes al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea la oficialidad del catalán, el vascuence y el gallego en las instituciones europeas. Bueno, de lo que estamos hablando es del catalán. Como dice un buen amigo mío «el batúa y el gallego van solo de paquete». Y la Junta de Galicia ni siquiera ha pedido incorporar su legua. Todos sabemos que esto no es posible. Pero se insiste en ello porque este Gobierno se ha sometido a ese chantaje de Carles Puigdemont por su propia voluntad de supervivencia.

El pasado viernes hubo que retirar la propuesta ante la certeza de su derrota. Algo que ya ocurrió por última vez en mayo y que si no me equivoco suma siete derrotas. Y que puede volver a suceder en septiembre u octubre. Pero esas retiradas no reducen el ridículo que se hace. Y ese ridículo no es apuntado en la cuenta de Sánchez o de Napoleonchu. Ese ridículo ante los ojos del resto de Europa es anotado en la cuenta de todos los españoles. Porque el Gobierno presenta esta iniciativa en nombre de España entera.

La iniciativa debe ser aprobada por unanimidad de todos los países miembros. El viernes ya manifestaron su oposición los ministros de Exteriores de Francia, Polonia, Finlandia y Luxemburgo. Tampoco hacía falta que nadie más fijase posición porque con esos cuatro basta y sobra para que decaiga la iniciativa de Puigdemont en nombre del sanchismo.

Lo cierto es que, como es norma en este Gobierno, lo que nos están contando es, en buena medida, una mentira. Porque para ver si logran colar el balón, lo que el viernes pretendieron aprobar en el Consejo de Asuntos Generales, era una oficialidad de segunda categoría. No como los demás idiomas oficiales. Según la última propuesta, a diferencia de las otras 24 lenguas oficiales, las tres lenguas regionales españolas sólo serían obligatorias para la traducción de los reglamentos del Consejo y el Parlamento Europeo. Eso, en la pasada legislatura, representó aproximadamente el 3 por ciento de los actos jurídicos de la Unión. Se calcula que traducir ese 3 por ciento de los actos jurídicos de la UE costaría unos 132 millones de euros anuales. Y, para conseguir meter el gol, Napoleonchu se había comprometido a que España corriese con esos gastos íntegramente. Pólvora del Rey.

Es decir, todos los contribuyentes españoles vamos a tener que sostener solos la traducción del 3 por ciento de la documentación jurídica a catalán, vascuence y al gallego, pero también el cien por cien de los documentos traducidos al maltés. Y con esas diferencias intentan convencernos de que los de nuestras regiones van a ser tres idiomas oficiales dentro de la UE. Y dos huevos duros.

Eso sí, con la perspicacia de gran estadista que tiene Napoleonchu, el pasado viernes había ajustado la propuesta a ver si colaba. Y es que le ha hecho un traje a medida para que se fuera casi imposible añadir a nadie más en esta iniciativa. Propuso que las nuevas lenguas oficiales en la Unión Europea tengan que ser lenguas de trabajo en el Parlamento del país solicitante y que hayan sido lenguas oficiales en ese país más de 40 años. Quizá para la próxima arremetida de Napoleonchu con esta causa algún colega europeo quiera contestarle que miente cuando dice que esas son tres leguas oficiales en España. Porque no lo son. Sólo son lenguas oficiales en algunas regiones de España. Pero qué más da, el ridículo de España continúa.

Cómo sería el éxito de Albares y la humillación de España el pasado viernes en Bruselas que con lo que gusta a Napoleonchu salir a contarnos sus triunfos aunque no los haya, mandó comparecer al secretario de Estado de Unión Europea, Fernando Sampedro, el único miembro del Gobierno de España en la Historia que no es residente en España. Me gustaría saber en qué país paga sus tributos. Estoy seguro que aquí. No podría ser de otra forma.