Eduardo de Rivas.- Cuando el Gobierno planteó la amnistía, en el primer semestre de 2024, y posteriormente la aprobó el Congreso de los Diputados, todas las miradas se dirigieron a Bruselas. No había nadie que confiara en que un Tribunal Constitucional entregado a la labor de Pedro Sánchez sacara la cara por España, como así se confirmó meses después. Solo quedaba el apoyo de la Comisión Europea, que parecía dubitativa ante unas elecciones inminentes, y de una Justicia europea que es lenta pero eficaz.

A Ursula von der Leyen se le pueden criticar muchas cosas y achacar muchos de los problemas que atañen al continente, pero tanto su papel como el de su Gobierno puede ser determinante para frenar la amnistía. La presidenta de la Comisión Europea entiende perfectamente que el lenguaje que se habla en Bruselas le lleva a coleguear —a veces en exceso— con los líderes de la Unión, pero tiene bien presente el partido que la sustenta y siempre ha sido firme con el tema de la amnistía: no es acorde con los valores europeos.

Su Ejecutivo fue bien claro a la hora de presentar la situación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La amnistía aprobada en España no es otra cosa que una maniobra del Gobierno para contentar a sus socios a cambio de siete votos necesarios para una investidura. El informe de la Comisión es más que contundente porque así lo ven desde Bruselas, así lo ve cualquiera con dos dedos de frente y así lo veía hasta el propio Sánchez, que ha reconocido en alguna ocasión que no habría habido amnistía si el resultado electoral hubiera sido diferente.

Entonces, si lo ocurrido es tan claro y evidente, lo que hay que plantearse es por qué hemos tenido que llegar hasta Europa, por qué no hemos sido capaces de frenar la amnistía internamente y por qué el Tribunal Constitucional se dedica a velar más por Pedro Sánchez que por la Carta Magna. Si quieren la respuesta, hagan cuentas: de los 12 miembros del TC, solo dos los eligen los jueces.