El Reino Unido acaba de sumar un nuevo episodio al esperpento de la justicia ideologizada. En una decisión sin precedentes, un juez del tribunal de familia de Brighton ha ordenado a una mujer divorciada pagar la mitad de los costes de la cirugía de cambio de sexo de su exmarido: 80.000 libras esterlinas (unos 94.000 euros) destinados a financiar una vaginoplastia. Todo ello pese a que la «transición» fue precisamente lo que provocó el divorcio tras dos décadas de matrimonio y dos hijos.

El fallo califica la operación como una «necesidad médica», no un capricho, y considera «razonable» que los fondos conjuntos del matrimonio se destinen a financiarla. El juez Stuart Farquhar justificó su dictamen en un supuesto diagnóstico de disforia de género, ignorando que la esposa, visiblemente devastada, no tenía conocimiento alguno de la intención de su marido de «convertirse en mujer» hasta el colapso de la relación.

La pareja acumuló cerca de tres millones de libras en activos durante su matrimonio. Vivieron una vida de alto nivel entre continentes hasta que, en 2022, el marido comunicó su intención de cambiar de sexo y comenzó una terapia hormonal. Poco después, ella inició los trámites de divorcio.

Durante el proceso, el hombre alegó no tener recursos para pagar la manutención de sus hijos… mientras gastaba 14.000 libras en un solo mes en ropa, uñas, restaurantes, joyas y un viaje a Milán. También se hizo 13.000 libras en tatuajes en seis meses. Según su razonamiento, «no pagar su operación sería como negar tratamiento a un enfermo de cáncer».

La mujer denunció la falta total de empatía de su exmarido y el juez incluso admitió esa «carencia llamativa», pero desestimó ese factor al resolver el reparto patrimonial. El mensaje del tribunal es claro: una madre debe financiar la mutilación genital de su exmarido, incluso si eso destruye su familia.

Más allá del caso concreto, la sentencia sienta un precedente escalofriante: valida la ideología de género incluso contra el sentido común, el consentimiento y la justicia básica. La pregunta que muchos británicos se hacen es sencilla: ¿Quién protege a las mujeres y a los hijos en esta distopía jurídica?