Fachada de la vivienda en la calle Roque Nublo donde ocurriendo los hechos, a 16 de julio de 2025, en el barrio de La Isleta, en Las Palmas.

El marroquí Abarrafía Hade, de 20 años, ha sido enviado a prisión provisional por quemar viva a una menor de edad en un solar del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. La víctima, una joven española de 17 años tutelada por el Gobierno autonómico, lucha por su vida en la unidad de grandes quemados de Sevilla tras haber sufrido quemaduras en el 95% de su cuerpo.

El agresor tenía un expediente de expulsión pendiente, pero las autoridades españolas —una vez más— no lo habían ejecutado. La Justicia, la burocracia y el discurso buenista han vuelto a fallar, esta vez con consecuencias devastadoras.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la mañana en un solar abandonado. Alertados por una llamada al 112, los servicios de emergencia acudieron al lugar del incendio. Allí, encontraron a la joven abrasada, aún consciente. Fue ella quien identificó al agresor: «Me lanzó un papel prendido«, logró declarar antes de perder el conocimiento.

El marroquí fue detenido en el lugar. En un primer intento de defensa, aseguró que se trató de un «accidente» con una colilla. Sin embargo, las primeras investigaciones policiales revelan que habría utilizado combustible y un papel incendiado para prender fuego directamente a la menor.

Inicialmente, el caso fue llevado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº2 de Las Palmas, pero al no acreditarse una relación sentimental entre el agresor y la víctima, la causa pasó al Juzgado de Instrucción nº4, que este jueves decretó su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de tentativa de homicidio, que podría transformarse en homicidio consumado si la joven no sobrevive.

El dato más escandaloso es este: el agresor tenía orden de expulsión, pero un «laberinto legal» impidió que fuera devuelto a su país. No es un caso aislado. La ineficacia del Estado para ejecutar estas órdenes ha convertido a España en un territorio sin consecuencias para centenares de inmigrantes ilegales con antecedentes penales o decretos de expulsión.

No sólo no fue deportado, sino que se encontraba plenamente integrado en el submundo de marginalidad que rodea a los centros de menores, auténticos polvorines sociales y caldo de cultivo para tragedias como esta. La víctima, además, era una menor bajo tutela del Gobierno de Canarias que se había fugado del centro en el que estaba internada.