El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha vuelto a desafiar la narrativa impuesta por Bruselas y las ONG globalistas al lanzar una contundente advertencia sobre los efectos irreversibles de la inmigración masiva en Europa. «Si dejas entrar inmigrantes y legalizas su residencia, se convierten en parte de tu sociedad, aunque no sean como tú. Diferentes en apariencia, lengua y valores, pero aquí para quedarse. Desde ese momento no hay vuelta atrás«, ha sentenciado en una entrevista con el medio húngaro Magyar Nemzet.

Las palabras de Orbán llegan como un recordatorio incómodo para las élites europeas, en pleno debate sobre las cuotas obligatorias de reparto de inmigrantes ilegales y el Pacto Europeo de Migración y Asilo, al que Hungría ha mostrado desde el primer momento una firme oposición. «Hemos visto caer a otros», ha advertido Orbán en referencia a países como Francia, Alemania o Bélgica, que hoy sufren los efectos de una inmigración descontrolada y sin asimilación. «Y no permitiremos que Hungría siga el mismo camino», ha agregado.

El dirigente magiar ha denunciado de nuevo el llamado Plan Soros, que durante años ha identificado como la hoja de ruta de la izquierda internacional para desdibujar la identidad nacional de los pueblos europeos mediante la imposición de cuotas migratorias y el debilitamiento de las fronteras. «Seguimos resistiendo al Plan Soros hasta el último aliento. ¡Hungría pertenece a los húngaros!», ha proclamado, reafirmando la defensa de su soberanía frente a las presiones de las instituciones comunitarias y las fundaciones financiadas por el magnate estadounidense.

Mientras las capitales occidentales sucumben ante disturbios, guetos y fractura social, Hungría mantiene su política de cero tolerancia con la inmigración ilegal, control estricto de las fronteras y protección de la identidad cristiana europea. Con sus palabras, Orbán no sólo marca el rumbo de su país, sino que vuelve a poner sobre la mesa una verdad que Bruselas se niega a reconocer: que abrir las puertas a quienes no comparten la cultura ni los valores europeos puede ser una apuesta suicida para Europa.

La Comisión Europea ha prolongado la retención de 18.000 millones de euros en fondos comunitarios destinados a Hungría, consolidando una ofensiva financieramente motivada contra el Gobierno liderado por Viktor Orbán. La maniobra evidencia que el verdadero objetivo de Bruselas no es defender el Estado de Derecho, sino penalizar al Ejecutivo húngaro por su firme compromiso con los valores conservadores y la soberanía nacional.

Entre los fondos retenidos se incluyen 8.400 millones correspondientes a pagos de cohesión y 9.500 millones del fondo de recuperación post-COVID. La justificación, según el Informe sobre el Estado de Derecho 2025, es que Hungría no ha cumplido plenamente ciertos criterios en áreas como independencia judicial, corrupción y pluralidad mediática.

El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, afirmó al presentar el informe: «Ojalá fuera diferente, y esos fondos pudieran estar disponibles para el pueblo húngaro, que es claramente pro‑UE. Pero eso requiere cumplir con el Estado de derecho».

En réplica, Zoltán Kovács, portavoz del Gobierno húngaro, calificó el informe como: «El nuevo capítulo de un esfuerzo continuado de la Comisión para desmantelar los logros clave de los gobiernos de Orbán e imponer control político extranjero sobre Hungría».

Bruselas ha elevado la presión financiera en respuesta a la resistencia de Hungría a la agenda liberal federalista: rechazo de cuotas obligatorias de inmigración, firme defensa de la familia tradicional, oposición al lobby LGTB y apuesta por soluciones diplomáticas en el conflicto ucraniano. Pese a ello, Budapest ha sido sancionada incluso con una multa diaria de 1 millón de euros por proteger sus fronteras.

El informe remarca además las medidas legales húngaras contra la propaganda LGTB entre menores y la transparencia en la financiación de ONG, ambas vistas por Bruselas como retrocesos democráticos.