La justicia francesa ha vuelto a inclinar la balanza en favor del multiculturalismo islamista. Un tribunal administrativo de Marsella ha anulado la orden del ayuntamiento de Carry-le-Rouet que prohibía el uso del burkini —el polémico bañador integral utilizado por mujeres musulmanas— en una de sus playas. Según el juez, la medida constituía una «violación grave e ilegal de las libertades fundamentales».

El caso había generado revuelo desde principios de julio, cuando una joven de 18 años fue detenida por la policía mientras nadaba cubierta de pies a cabeza en plena Riviera francesa. El incidente, que involucró a cinco agentes, se produjo a raíz de un decreto municipal que entró en vigor en junio de 2024 y que había pasado desapercibido hasta entonces.

El alcalde René-Francis Carpentier justificó la prohibición con un argumento técnico: las prendas que cubren completamente el cuerpo pueden comprometer la flotabilidad, aumentando el riesgo de ahogamiento. El razonamiento, basado en el principio de Arquímedes, fue desdeñado por los grupos activistas, que lo tildaron de pretexto para aplicar una normativa «discriminatoria».

Las asociaciones de derechos civiles, encabezadas por la Liga de Derechos Humanos, presentaron una demanda que derivó en la anulación del decreto. El tribunal no solo desestimó la justificación de seguridad, sino que ironizó sobre la posibilidad de que los bañistas «calculen principios físicos antes de entrar al agua».

El fallo ha sido celebrado por los colectivos islamistas como una «victoria frente a la islamofobia». Sin embargo, pone de nuevo sobre la mesa la erosión del laicismo en Francia, donde cada vez más normas pensadas para preservar la neutralidad del espacio público ceden ante el chantaje moral de las minorías organizadas.

Mientras tanto, voces como la del alcalde de Sisco (Córcega) han criticado la sentencia por anular «medidas preventivas destinadas a evitar conflictos». Y no es para menos: Francia lleva más de una década enfrentando intentos fallidos de contener la expansión de símbolos religiosos, especialmente islámicos, en entornos públicos como escuelas, piscinas y ahora playas.

Con esta resolución, la justicia francesa marca un nuevo precedente que podría facilitar la normalización del burkini en más espacios públicos, debilitando así la capacidad de los municipios para hacer valer criterios de seguridad, orden público o neutralidad institucional.