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Venezuela continúa esquivando las sanciones internacionales impuestas al régimen bolivariano gracias a rutas alternativas. Así, el «oro negro» generado en el país gobernado por el tirano socialista Nicolás Maduro estaría encontrando acomodo en otras jurisdicciones cercanas o en operaciones materializadas en altamar. En uno y otro caso, el crudo estaría siendo descargado para su posterior mezcla y reventa, borrando de esta manera su origen y esquivando de manera efectiva las sanciones aplicadas por la comunidad internacional.

Recientemente se ha publicado un estudio académico (Charting the Uncharted: The (Un)Intended Consequences of Oil Sanctions and Dark Shipping) que analiza el alcance de estas prácticas. La investigación ha sido elaborada por Jesús Fernández Villaverde, destacado académico español que imparte docencia en la Universidad de Pensilvania, así como por sus coautores, Yiliang Li, Le Xu y Francesco Zanetti. A lo largo de 80 páginas, el trabajo revela cómo las sanciones internacionales han impulsado el fenómeno del llamado «dark shipping». Dicha práctica consiste en que los petroleros apagan sus sistemas de geolocalización (AIS) para no ser rastreados, realizan transferencias de crudo entre barcos en alta mar (ship-to-ship transfers) y modifican sus rutas para ocultar el verdadero origen de su carga. Según este estudio, solamente entre 2017 y 2023 se habrían movido hasta 9,3 millones de toneladas métricas de crudo al mes mediante estas rutas clandestinas.

El estudio identifica un perfil muy característico de los barcos implicados en el dark shipping: suelen ser embarcaciones antiguas, que resultan más baratas de adquirir o alquilar y representan menos pérdidas si son incautadas; operadas por pequeñas empresas con escasa visibilidad internacional (low-profile) y registradas bajo «banderas de conveniencia» como Liberia o las Islas Marshall, que ofrecen menos controles y supervisión. Además, estos buques muestran rumbos erráticos, incluyendo largos periodos de inactividad en alta mar, cambios de velocidad y trayectorias circulares, estrategias todas ellas diseñadas para confundir a los sistemas de seguimiento.

Especialmente relevante para el ámbito hispanoamericano son las rutas del «dark shipping» de petróleo venezolano, que se pueden comprobar en los siguientes recursos del estudio:

¿Implicaciones para España?

El fenómeno del «dark shipping» no solamente resulta preocupante en clave de seguridad internacional y geopolítica, sino que también es un asunto relevante en clave española, puesto que en los últimos meses han trascendido diversas informaciones periodísticas que apuntan a una presunta trama de corrupción según la cual la venta de petróleo venezolano podría haber sido facilitada por dirigentes socialistas españoles que se habrían apoyado en jurisdicciones como la República Dominicana para hacer estas operaciones.

Según una investigación que publicó Gabriela Moreno en PanAm Post el 16 de junio de 2025, «una red de sociedades constituidas en República Dominicana habría sido utilizada para desviar crudo venezolano sancionado, con el objetivo de almacenarlo o refinarlo parcialmente en la isla y, posteriormente, enviarlo hacia España, principalmente a terminales como Algeciras o Gibraltar, donde se revendía a precios superiores, pasando de unos 30 dólares por barril en origen a cerca de 100 dólares por barril en Europa». El citado medio sostiene que el esquema estaría vinculado a «operaciones encubiertas para evadir sanciones internacionales» y menciona al ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con supuestas gestiones políticas y viajes privados entre Caracas y Santo Domingo que habrían facilitado el escape de las sanciones.

Sobre el papel, este tipo de operaciones entre Venezuela y República Dominicana no constan en ningún registro oficial. Luis Abinader, presidente de la isla caribeña, ha afirmado que su país no ha importado «ni medio galón» de petróleo venezolano desde hace años. Refidomsa, la refinería más importante del país, no recoge en sus registros ninguna operación de este tipo desde al menos 2015. Cabe recordar que dicho ente perteneció en un 49% a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, hasta mediados del año 2021, cuando se cerró su venta por un monto cercano a los 90 millones de dólares. Sin embargo, el régimen de Maduro ha negado en diversas ocasiones que la relación comercial con la isla caribeña haya concluido y, de hecho, su vicepresidente Diosdado Cabello señaló en 2024 que sigue esperando un pago del gobierno dominicano valorado en alrededor de 215 millones de dólares y vinculado a distintas operaciones de la industria petrolera.

Hasta ahí la versión oficial de los gobiernos de ambos países. Sin embargo, la investigación dedicada al «dark shipping» que ha impulsado Fernández Villaverde junto a sus colaboradores pone de manifiesto que las sanciones formales no son suficientes para detener el flujo ilegal de petróleo desde regímenes penalizados como el venezolano. En este sentido, resulta de especial interés la información que maneja la UCO y que apunta que la presunta trama corrupta del gobierno socialista español, José Luis Ábalos y Koldo García, se habrían repartido un millón de euros al mes a través de operaciones orientadas a desbloquear la venta de crudo venezolano.

La vía dominicano-venezolana

De la relación entre el socialismo español y el venezolano se han escrito ríos de tinta, especialmente debido al papel que juega Rodríguez Zapatero como vértice de dicha conexión. Sin embargo, más recientemente se han publicado numerosas informaciones que apuntan al rol que jugaría la República Dominicana en todo el entramado.

A nadie escapan las distintas informaciones sobre las numerosas escalas realizadas por aviones oficiales del gobierno español en la isla caribeña. Solamente entre 2019 y 2023 se habrían producido al menos 40 desplazamientos de este tipo, una cifra que superaría los 60 si se tomasen en cuenta asimismo los ejercicios 2024 y 2025. Esto ha levantado numerosas sospechas sobre los lazos entre el socialismo español y el territorio dominicano, especialmente después de que Pedro Sánchez abogase por retirar el requisito de visado a los habitantes del país, en contra de las recomendaciones de EEUU.

Tampoco se puede ignorar que dos históricos del PSOE español, Felipe González y José Bono, cuentan con nacionalidad dominicana y, por tanto, se benefician de distintas ventajas, que van desde un régimen fiscal muy especial como de un marco tremendamente ventajoso en lo tocante a la transparencia o las extradiciones. Del ex ministro de Defensa ha trascendido también que creó al menos cuatro sociedades en la isla en 2020, nada vez recibir el pasaporte del país caribeño. El diario El Mundo se ha referido a esta cuestión, aludiendo al «abultado patrimonio» de Bono y apuntando que su fortuna «levanta sospechas».

En plena ola de escándalos de corrupción y con el socialismo español contra las cuerdas, son muchas las informaciones que apuntan a la isla caribeña como plaza donde se habrían desarrollado muchas de estas malas artes. Como apuntó La Razón, las pesquisas de la UCO barajan la hipótesis del desvío masivo de fondos a República Dominicana tras el pelotazo de las mascarillas, con ánimo de «lavar» y blanquear el dinero presuntamente robado a los contribuyentes a través del cobro de comisiones ilícitas.

Asimismo, en el marco de la investigación del Caso Ábalos que afecta al ex ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, al menos dos testigos han admitido pagos en efectivo formalizados en República Dominicana por valor de 200.000 dólares. Precisamente en relación con Ábalos, las informaciones disponibles apuntan que habría constituido hasta 14 empresas en suelo dominicano, todo con la presunta intención de desviar dinero hacia la isla.

Otro de los temas más espinosos que afectan al Ejecutivo es la trama de hidrocarburos, un esquema fraudulento que habría evadido el pago del IVA a través de empresas ficticias. Se estima que el quebranto a las arcas públicas provocado por estas operaciones ronda los 185 millones de euros. En este sentido, la UCO sospecha que la trama de corrupción habría empleado distintos intermediarios para abrir cuentas bancarias en entidades venezolanas radicadas en la República Dominicana y, de esta forma, ocultar los fondos del presunto fraude.

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