Ancianos jubilados. Europa Press

Un anciano de 78 años llamado Federico Álvarez se ha visto obligado a regresar al mundo laboral tras ser víctima de una ocupación ilegal que lo está dejando en la ruina. Su historia, adelantada por el diario Menorca – Es Diari, refleja el drama que viven muchos propietarios en España frente a la pasividad legal ante los okupas.

Federico, jubilado y con una vida dedicada al sistema sanitario balear —trabajó en hospitales como Son Dureta y Manacor— confiaba en pasar sus últimos años en tranquilidad. Sin embargo, desde que heredó una vivienda en Sant Lluís, Menorca, su rutina se ha convertido en una pesadilla constante: la propiedad fue tomada por okupas hace más de un año y desde entonces no sólo ha perdido el acceso a ella, sino que además ha tenido que cargar con gastos desorbitados.

Lo más alarmante no es únicamente que los ocupantes ilegales sigan en la vivienda, sino que él debe abonar facturas de suministros que se han disparado de forma escandalosa. El recibo del agua, que antes apenas superaba los 30 euros cada tres meses, ha llegado a alcanzar los 1.350 euros mensuales. «A este ritmo, se vacía el depósito del pueblo y yo la cuenta bancaria», ironiza Federico con amargura.

A pesar de que la ley impide cortar servicios básicos a los okupas, bajo amenaza de ser acusado de coacción, este pensionista no ha recibido apoyo institucional. Contactó con el Ayuntamiento y con la empresa suministradora, Aigües Sant Lluís, para denunciar el uso desmedido del agua, pero solo obtuvo respuesta de esta última. Las autoridades locales, según relata, no han movido ficha.

Sumido en un bucle judicial, Federico sigue esperando que se celebre el juicio para intentar recuperar su vivienda. Mientras tanto, los ocupantes permanecen en la casa sin consecuencias. «Estoy agotado física y mentalmente. Duermo poco, y cuando lo hago, ya suena el despertador», confiesa con frustración.

La situación es tan grave que su pensión no alcanza para cubrir todos los gastos, por lo que ha tenido que volver a trabajar. «No puedo más. Es intolerable. Pero tampoco voy a ceder a las exigencias de quienes me quitaron mi casa», afirma con determinación. Y añade: «Me niego a pagarles para que se marchen. Espero que los jueces me den la razón, aunque entiendo que estén desbordados por la cantidad de casos como el mío».