La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha señalado este miércoles que es “imposible” aplicar el acuerdo de financiación singular alcanzado entre el Ejecutivo central y la Generalitat catalana, un pacto que, bajo su punto de vista, supone el principio de la “desaparición del Estado” si se extiende al resto de comunidades autónomas, a la vez que han vuelto a exigir la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Así lo han manifestado en un informe presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), donde han abundado que también implicaría la “desaparición” de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que quedaría “troceada” y “repartida” entre todas las regiones.

“Esto no tiene vuelta atrás”, ha advertido en rueda de prensa el portavoz de la IHE, José María Peláez, mientras que la presidenta de la entidad, Ana de la Herrán, ha acusado al Gobierno de “privilegiar” a Cataluña respecto al resto de CCAA y conducir al sistema tributario español hacia una situación “insostenible”.

Herrán también ha criticado la “redacción confusa” de los términos del pacto, así como el hecho de que se haya llevado a cabo “sin tener en cuenta la opinión” del resto de comunidades autónomas.

SE ROMPERÍAN LOS “PRINCIPIOS BÁSICOS” DE LA HACIENDA ESPAÑOLA

Se romperían, bajo su punto de vista, los principios “básicos” de la Hacienda española, como que el sistema de información ha de ser único, que debe existir una caja única y que la gestión de las retenciones se ha de hacer de forma “integrada”, han argumentado.

“Los contribuyentes se verían perjudicados en los servicios que les presta actualmente la AEAT”, ha indicado la IHE en su informe, en el que ha manifestado que el resto de ciudadanos de las comunidades autónomas dispondrían de “menos ingresos” para financiar sus servicios públicos.

En concreto, la gestión del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevista para 2026 resultaría “imposible”, ya que no se podría conciliar la información de una base de datos nacional y otra catalana. Con ello, la “rapidez” a la hora de realizar las devoluciones en las declaraciones de la renta caería de forma drástica, ha aducido. “Resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes.

También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales”, ha añadido al respecto.

Además, por el momento, la Agencia Tributaria de Cataluña no dispone de los medios “humanos, materiales y tecnológicos” necesarios para gestionar este impuesto, al menos con una previsión que comience en enero de 2026, ha expuesto.

“PERJUICIOS” A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Aunque los ponentes han evitado dar cifras de lo que dejarían de ingresar las arcas públicas, sí han expuesto que, en base a los últimos datos disponibles, que se remontan a 2022, los impuestos catalanes suponen el 19,35% del total nacional. Ese año, el Estado recaudó 255.463 millones de euros, de los que 49.434 provenían de Cataluña.

El pacto también ocasionaría “perjuicios” en la lucha contra el fraude fiscal, también por la diseminación de los datos al separar la Hacienda española y la catalana. “Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude”, han incidido en el texto.

Han puesto como ejemplo la comprobación de las operaciones relacionadas con criptomonedas, un campo de gran “complejidad” cuya monitorización resultaría “imposible” en adelante para la Generalitat respecto a los ciudadanos con domicilio en Cataluña, dado que la información nacional e internacional con la que se realizan estarían en la base de datos de la AEAT y la de las declaraciones presentadas por los catalanes en la base de datos de la Hacienda catalana.

Algo similar ocurriría en el control de los grandes patrimonios, una tarea que hasta ahora se realiza de forma centralizada por la Unidad Central del Control de Patrimonios Relevantes del departamento de Inspección. “Si se fraccionara la AEAT, este control para detectar conductas irregulares no se podría hacer para los contribuyentes domiciliados en Cataluña”, han argumentado.

De igual forma, la financiación singular catalana contribuiría a la “desaparición” de la AEAT como “órgano vertebrador” de las políticas sociales del Estado, puesto que en caso de un fraccionamiento, no se dispondría de la información necesaria para efectuar el pago de prestaciones como las deducciones del IRPF, las ayudas a madres trabajadoras o las destinadas a las familias numerosas.