Comienzan en Luxemburgo las dos primeras vistas sobre la ley de amnistía a los independentistas catalanes que fue avalada por el Tribunal Constitucional. La primera intervención ha sido la de la Comisión Europea. Bruselas cree que la ley de amnistía no responde al interés general en nuestro país, y que sólo es fruto de un acuerdo político para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. La Comisión Europea culpa al Ejecutivo de no atender a las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre la Amnistía.

La Comisión Europea ha puesto este martes en duda ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que “es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, al tiempo que ha considerado que su tramitación por la vía de urgencia ha “ahondado la división profunda” en la clase política, las instituciones y la sociedad española, pese a las recomendaciones de órganos consultivos como la Comisión de Venecia.

Así lo ha expuesto el abogado que representa al Ejecutivo comunitario en la vista celebrada sobre la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que debe dirimir sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 –declarado ilegal por el Tribunal Constitucional– y apoyar la acción exterior del ‘procés’.

En su exposición, el letrado comunitario ha repasado las orientaciones escritas que ya remitió al Alto Tribunal, en las que definía la ley como una “autoamnistía” porque fue parte de un “acuerdo político” para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y porque para salir adelante fueron “fundamentales” los votos de sus beneficiarios. “No parece que la ley responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España.

Además, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación”, ha expuesto Carlos Urraca Caviedes durante la vista celebrada en Luxemburgo.

En este contexto, el abogado considera que, siguiendo las consideraciones de la Comisión de Venecia, hay respaldo para considerar que las “autoamnistías” en las que “quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica, son contrarias al principio del

Otra de las cuestiones que el abogado de la Comisión ha abordado en la primera vista en la que el Alto Tribunal examina la ley de amnistía ha sido la de los dos meses de plazo para decidir sobre la aplicación de la amnistía y lo ha hecho para advertir de que tal norma es contraria al Derecho europeo, si este plazo no permite a los órganos competentes la adopción de las medidas procesales que considere necesarias para evaluar el fondo. “En tal situación el plazo máximo de dos meses impuesto a los tribunales nacionales competentes impide al Tribunal de Cuentas, en este caso, examinar adecuadamente el fondo del asunto principal, al ejercer una presión indebida”, y esto “compromete su capacidad para garantizar la plena aplicación del derecho de la unión y proporcionar una tutela efectiva”

El abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, aseguró este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que juzga la concordancia de la norma con el derecho comunitario, que la ley es una “autoamnistía”. En opinión del abogado, se trata de una “autoamnistía concebida fuera del Parlamento” español que fue “producto de un pacto político” que culminó en un “acuerdo entre (el ex presidente catalán, Carles) Puigdemont, huido de la justicia española y (el ex secretario general del PSOE), Santos Cerdán”.

Chapapría alegó que “desde el primer momento” la norma “ha sido objeto de una operación sistemática de obstrucción” que comportó la eliminación del delito de sedición en el Código Penal español y la modificación del de malversación.

Por contra, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, defendió la amnistía asegurando que 11 de los 27 países de la UE la contemplan en su jurisdicción interna y según la Comisión de Venecia, resulta admitida en otros siete. Todos ellos intervinieron en la vista sobre la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que preguntó al TJUE si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea.

El abogado del ex presidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha confiado en que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) avalará la ley de amnistía, al considerar que se trata de “un tema absolutamente local” y ha asegurado que “en Europa siempre nos ha ido bien”. Tras la primera de las vistas previstas para este martes, sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas (TCu) por los gastos del 1-O y la acción exterior del ‘procés’. “Ha habido gente que ha venido con las cestas, las gallinas y los huevos de la provincia a tratar de europeizar un tema que es absolutamente local.