Un informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que el modelo de financiación singular para Cataluña pactado entre el PSC y Esquerra Republicana “no cabe en nuestra Constitución” y “debilita sustancialmente la relación fiscal del Estado con los ciudadanos catalanes”, al tiempo que supondría una “nueva fragmentación” de la Agencia Tributaria.

El análisis de Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza e investigador asociado de Fedea, expone que el texto del acuerdo es “intencionadamente ambiguo” y, aunque “tiene la apariencia de una reforma en profundidad de la financiación autonómica, sin salirse del modelo común”, subyace en realidad es una incorporación de Cataluña al modelo foral de País Vasco y Navarra.

En el mejor de los casos, este autor señala que dependiendo de cómo se instrumentara el “porcentaje de participación en los tributos” a través del cual se haría efectiva, según el acuerdo, la “aportación a los gastos del Estado” de Cataluña, esa relación quedaría circunscrita a los impuestos en los que el Estado participara, aunque excluyendo su gestión. Además, el acuerdo determina que la contribución de Cataluña a la solidaridad interregional sea objeto de una negociación bilateral de la comunidad con el Estado, “soslayando la participación de los demás implicados en la aplicación efectiva de ese principio”.

“Estos elementos estructurales del modelo de financiación singular introducen diferencias entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas y entre estas mismas que carecen de justificación objetiva y razonable y que no son generalizables, por lo que son inconstitucionales”, argumenta el análisis.

Asimismo, expone que el acuerdo atribuye a la Generalitat la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña, cedidos o no, lo que representaría una “nueva fragmentación” de la administración tributaria, con efectos “potencialmente perjudiciales desde la perspectiva del conjunto del país”.

Por un lado, López Laborda afirma que una administración eficaz y eficiente del sistema fiscal y, en particular, de los grandes impuestos, como el IRPF, el IVA o el Impuesto sobre Sociedades, requiere disponer de información de ámbito nacional y, cada vez más, internacional, que permita conocer y controlar las rentas, patrimonios y actividades gravados. Lo contrario, además de incrementar los costes de gestión, podría incentivar las “actividades de elusión y evasión fiscal y la deslocalización de empresas y particulares”.

Por otra parte, el informe avisa de que la administración autonómica de todos los impuestos presenta el riesgo de que pudiera realizarse un esfuerzo diferente en la gestión de los impuestos autonómicos y estatales. Así, algunas comunidades, como Aragón, podrían estar “especialmente expuestas” a estos riesgos, dada su vecindad geográfica y sus estrechos vínculos económicos con Cataluña.

Pese a ello, este investigador de Fedea aclara que “existe un amplísimo acuerdo sobre la necesidad de reformar el sistema común de financiación autonómica, reforma que no debería seguir aplazándose indefinidamente con la excusa de que no hay consenso al respecto entre las comunidades autónomas”.

A su juicio, la “no reforma no deja de ser una opción a favor del modelo vigente y sus resultados”. Pero argumenta que en esa reforma del sistema de régimen común habría que buscar acomodo a las demandas de singularidad de Cataluña.

“Es una solución mejor que la aplicación a esta comunidad de un modelo de financiación singular. Y, por supuesto, también mejor que la generalización de este modelo singular, lo que constituiría un desatino, porque multiplicaría los efectos negativos que se han identificado en este trabajo para un modelo aplicable a una sola comunidad”, concluye.