El Debate

La red de prostíbulos camuflados como bares de copas, hostales y saunas que gestionó durante décadas la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acumula un largo historial de episodios polémicos. Condenas judiciales, operaciones policiales, explotación de mujeres sin papeles y una muerte eléctrica conforman el legado empresarial  familiar de la mujer de Sánchez. Mientras el PSOE ondea la bandera del feminismo abolicionista, su núcleo más íntimo se enriqueció durante años con el negocio sexual. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles a Sánchez en el Congreso de los Diputados de haber vivido «a título lucrativo» de los beneficios generados en esos locales.

Uno de los casos más graves ocurrió en el club Kilómetro Ochenta, ubicado en el municipio segoviano de Ituero y Lama. En 2016, este local, propiedad de Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez, fue intervenido por la Policía Nacional tras una alerta diplomática emitida por la Embajada de Rumanía. Una mujer había conseguido llamar a su padre desde el interior del prostíbulo para decirle que estaba secuestrada. A partir de esa llamada, se activó una investigación urgente por parte de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos.

La víctima relató cómo fue captada en Rumanía mediante falsas promesas de trabajo y trasladada a España, donde fue explotada sexualmente en varios clubes hasta ser «cedida» al local de la familia Gómez. Allí la encerraron en una habitación sin dinero, sin documentos y sin posibilidad de comunicarse con el exterior. El encargado del prostíbulo, empleado directo del tío de Begoña, la obligó a prostituirse bajo amenazas de muerte, controlando todos sus movimientos y exigiéndole el dinero que generaba.

Durante el registro policial, los agentes hallaron balanzas de precisión para el pesaje de droga, un arma blanca de doble filo y un espray de pimienta. El caso acabó en el Tribunal Supremo con una sentencia firme. Los proxenetas rumanos fueron condenados a más de 20 años de prisión y el encargado del club a tres años por coaccionar a la víctima a prostituirse.

Aunque inicialmente fue condenado también por trata de seres humanos, ese cargo fue finalmente anulado por un defecto procesal. Hoy, ese club de alterne opera bajo otro nombre. Tras varios años cerrado, Kilómetro Ochenta ha reabierto como alojamiento rural sin licencia. Se alquila como Hostal Ikigai o Hostal San Rafael. Se presenta como un espacio ideal para «desconectar en familia» o hacer barbacoas, aunque mantiene aún luces moradas en su vestíbulo, las mismas que antaño iluminaban la entrada al prostíbulo. Dispone de 16 habitaciones, 17 baños y capacidad para 40 personas. El alquiler por noche ronda los 1.000 euros.

Pero el historial no acaba ahí. Francisco Enrique Gómez Serrano fue sancionado por Inspección de Trabajo por lucrarse de once prostitutas extranjeras sin papeles ni contrato laboral. La inspección descubrió una situación de explotación laboral encubierta. Se trataba de mujeres brasileñas, colombianas y nigerianas vivían en el local y trabajaban en turnos de diez horas por un salario variable vinculado al número de copas que conseguían que pidieran los clientes. Todas carecían de autorización administrativa para trabajar. Por estos hechos, San Bernardo 36 SL, la empresa desde la que se gestionaban los negocios familiares, fue sancionada con 66.339,04 euros. En su descargo, Enrique Gómez intentó sostener que las mujeres eran «clientas del local» y que no existía relación laboral alguna. También alegó que no hubo intérprete durante las entrevistas, a lo que los inspectores respondieron que las trabajadoras «hablaban y comprendían perfectamente el idioma».

Kilómetro Ochenta se convirtió así en el epicentro de varias operaciones policiales y judiciales, todas conectadas con la familia de Begoña Gómez y, por tanto, al presidente del Gobierno. Pero el escándalo más macabro de todos ocurrió en Madrid, en la sauna Adán de la calle San Bernardo, otro negocio gestionado por Sabiniano Gómez, padre de Begoña.

En 1984, un joven desempleado de 31 años murió electrocutado en el cuarto de contadores del edificio cuando intentaba desatascar una tubería con un cable enrollado al cuerpo. Días antes, Sabiniano había ordenado una reforma eléctrica que se dejó a medias. Fue una caja de conexiones mal cerrada y sin señalizar quedó expuesta. El conserje del local le advirtió vagamente del peligro pero no se tomaron medidas. El hombre recibió una descarga letal al tocar la instalación defectuosa. La causa penal concluyó cinco años después con una condena al técnico encargado de la obra, pero el Tribunal Supremo estableció la responsabilidad civil subsidiaria de Sabiniano Gómez, suegro de Sánchez.

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