Isabel Díaz Ayuso, tras la Conferencia de Presidentes en el Palacio de Pedralbes de Barcelona

La Justicia vuelve a dar la razón a la Comunidad de Madrid en relación a la gestión de la pandemia y la atención de las personas mayores. En esta ocasión, un auto del juzgado de instrucción nº10 de Madrid desestima la reapertura de la instrucción solicitada por la fiscalía provincial de Madrid y por la representación procesal por el nuevo supuesto de «delito de odio» (art. 511 del Código Penal).

El auto manifiesta que el Ministerio Fiscal nunca puso de manifiesto previamente este tipo de delito, solicitando hasta en cuatro ocasiones el sobreseimiento de la mencionada causa, entendiendo que «los hechos no eran constitutivos de un delito», pues «el tratamiento médico aplicado era correcto y según la literatura médica conforme a su patología».

Además, continúa afirmando que «difícilmente puede hablarse de un delito de odio del art. 511 del Código Pernal, ya que no consta ningún indicio mínimo que así lo justifique».

Incluso, el auto llega a afirmar que «no es necesaria la práctica de las diligencias interesadas, pues las presentes diligencias previas no pueden ser una plataforma para una instrucción genérica sin un destino concreto».

Por si fuera poco, el auto continúa diciendo que «las diligencias que se interesan ya fueron desestimadas por innecesarias a la vista de los hechos imputados, tesis compartida por el Ministerio Fiscal». «Hoy tampoco aportan nada para justificar la reapertura de las presentes actuaciones, por el nuevo tipo penal imputado, delito de odio…», concluye.

El pasado mes de mayo la propia Ayuso ya pedía explicaciones de por qué solo se investiga su región: «¿Por qué no se investiga también a las comunidades que aplicaron protocolos por edad? ¿Por qué no a las que no duplicaron camas de hospital ni aumentaron UCIS? Cataluña, País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha… Se me ocurren unos cuantos nombres», apuntó. «Si se quiere saber qué ocurrió, que se investigue todo», concluía la presidenta.