Francina Armengol

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado conversaciones intervenidas a miembros de la trama que acreditan que Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, mantuvo numerosos contactos con José Ruz, uno de los constructores que investiga el Tribunal Supremo por haber pagado comisiones ilegales. Según cuenta El Debate, estos datos figuran en los dispositivos electrónicos que los agentes incautaron durante los registros policiales dentro de las viviendas de los miembros de la trama que comenzó salpicando al exministro José Luis Ábalos y que ya implica a varios miembros del Gobierno. Por su parte, Armengol sostiene que nunca ha tenido ningún contacto con él.

En concreto, el nombre de Armengol consta en el material de Koldo García, exasesor de Ábalos. Los agentes, tras meses de análisis, han logrado identificar distintas conversaciones y audios en los que el que fuera mano derecha del ministro de Transportes hace referencia explícita a contactos entre Armengol y el constructor José Ruz, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción.

Según las pesquisas policiales, esas citas fueron en algunos casos presenciales y en otros a través de llamadas telefónicas o mensajes directos con la actual presidenta del Congreso. Los investigadores consideran que estos contactos confirman la relación directa de Armengol con un empresario que, posteriormente, resultó adjudicatario de tres contratos públicos que suman 10,7 millones de euros y que ahora están bajo sospecha por el posible pago de mordidas.

Las fuentes consultadas por el mismo medio explican que las vinculaciones entre ambos constituyen uno de los principales indicios que la UCO incorporará en el informe que ultima para el Tribunal Supremo. En ese documento, la Guardia Civil dejará constancia de la implicación personal de Armengol para que Ruz obtuviera estos contratos otorgados durante su etapa al frente del Ejecutivo de las Islas Baleares.

El más voluminoso, de 10,4 millones de euros, fue para la construcción de la residencia para personas mayores ubicada en Son Dureta, en Palma de Mallorca. Los otros tres proyectos eran rehabilitaciones de puentes. El primero de ellos, entre Palma e Inca, pueblo natal de Armengol, por 108.354 euros; el segundo en Sa Picardia, en el municipio de Sineu, por 97.243 euros; y el tercero, también en Sineu, Sa Barranqueta por 94.383,63 euros.

La relevancia de los indicios contra la tercera autoridad del Estado es, según fuentes próximas a la investigación, de tal magnitud que en el informe que ultima la Guardia Civil podría quedar reflejada una connivencia de ella con miembros de la red actualmente investigados que, por su gravedad, haría necesario solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder ser citada como imputada. Las mismas fuentes no descartan que, en caso de que finalmente se descarte la imputación, pudiera ser llamada como testigo, aunque para esta figura no sería necesario dicho suplicatorio.

El contacto entre Koldo, que hizo de nexo entre Armengol y Ruz, y la presidenta del Congreso se reforzó especialmente durante los meses más críticos de la pandemia del coronavirus, cuando la entonces presidenta balear adjudicó a Soluciones de Gestión contratos por petición expresa del asesor de Ábalos. De hecho, en las comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil, él se refería a ella con el apelativo de «cariño». El reguero documental es ingente tanto por el número de veces en que Armengol aparece mencionada en las conversaciones custodiadas por Koldo como por la reiteración de contactos directos en ese periodo.

El pasado viernes, Ruz declaró en el Supremo y admitió que cuando se refería en los mensajes de la trama a «el navarro» hablaba de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización que actualmente está encarcelado en la prisión madrileña de Soto del Real, y que cuando utilizaba el término «la ganadería» se refería «al PSOE». El empresario explicó que solicitó una reunión con Cerdán al no lograr adjudicaciones y aseguró que con esas expresiones no pretendía referirse a ninguna operativa ilícita. Si bien negó ante el magistrado Leopoldo Puente haber pagado sobornos para conseguir contratos públicos sí reconoció que abonó durante un largo periodo de tiempo 2.600 euros mensuales a Koldo.

Según su versión, esos pagos respondían a un trabajo de vigilancia en una obra de su empresa en el municipio alicantino de Benidorm. También confirmó que Koldo le entregó un teléfono seguro para comunicarse y que el término «café» que aparece en los mensajes se refería a ese dispositivo. La UCO considera que estas comunicaciones reflejan un reparto irregular de obras y posibles concertaciones con miembros de la red para el cobro de mordidas. Se trata del mismo empresario al que el empresario Víctor de Aldama señaló tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción la entrega de datos sensibles.