El Proyecto de Real Decreto que desarrolla la Ley 7/2023 de Bienestar Animal sigue generando controversia, esta vez por blindar a los gatos asilvestrados, impidiendo su control incluso cuando se encuentren en espacios naturales protegidos. Según el borrador, actualmente en fase de consulta pública, no se podrá alegar la presencia de estos animales en entornos naturales ni su falta de socialización como causa justificada para aplicar medidas de control poblacional.

En concreto, el texto dice: «A efectos de la valoración del sacrificio de los gatos comunitarios que se permite en el artículo 42 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, no se podrá considerar como un motivo para realizarla la falta de socialización de los mismos, ni su presencia en espacios naturales». Esto implica que, de aprobarse esta redacción, incluso los gatos sin dueño que actúan como depredadores en zonas de alto valor ecológico quedarían fuera de posibles controles efectivos.

La situación es especialmente paradójica si se compara con otras actividades reguladas en los montes españoles. En muchos municipios está prohibido recoger piñas o setas sin abonar una tasa o contar con una licencia, so pena de sanción. Sin embargo, este borrador normativo impide intervenir sobre gatos asilvestrados, incluso si están causando estragos en especies autóctonas en peligro como el urogallo o el sisón.

No se trata de un temor infundado. Numerosos estudios alertan del grave impacto de los gatos domésticos y asilvestrados en el medio natural. Uno de los más recientes, publicado por la revista científica internacional Applied Animal Behaviour Science, ha documentado su presencia en zonas Red Natura 2000 de España y la amenaza real que representan para la biodiversidad.

Amenaza directa a especies protegidas

La investigación, elaborada por la Fundación Artemisan con el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha, detectó gatos domésticos en todos los puntos de estudio. Se registraron interacciones con fauna silvestre y, en algunos casos, incluso en áreas donde habita el lince ibérico o el gato montés, a los que pueden transmitir enfermedades.

El investigador Carlos Lázaro fue tajante: «Los resultados son muy alarmantes porque en todos los casos se detectaron gatos dentro de las zonas protegidas». A esto añadió: «Es muy grave que se estén haciendo grandes esfuerzos económicos y humanos para la conservación de especies como la cerceta pardilla, el lince ibérico y las aves esteparias, pero al mismo tiempo no se ponga solución a un problema que afecta directamente a estos proyectos».

Durante el estudio se capturaron quince gatos para análisis y seguimiento. Los resultados revelaron que muchos de ellos portaban enfermedades infecciosas que pueden diseminarse a otras especies. Uno de los individuos monitorizados llegó a abarcar más de 150 hectáreas de territorio, demostrando la capacidad expansiva y depredadora de estos felinos en entornos naturales.

Una legislación alejada del sentido común

Lejos de ofrecer soluciones, la Ley 7/2023 y su desarrollo reglamentario están dificultando el manejo de este grave problema ecológico. El artículo 42 ya prohibía el sacrificio de gatos salvo por enfermedad grave o situaciones muy concretas. Pero con este nuevo reglamento, se blindan aún más estos animales, incluso en circunstancias que afectan a especies en peligro de extinción.

Expertos en biodiversidad y gestores del medio natural denuncian que esta legislación prioriza la protección de los gatos asilvestrados por encima de la conservación de especies autóctonas, algunas de ellas al borde de la desaparición. En regiones donde aún sobrevive el urogallo cantábrico, por ejemplo, cualquier presión adicional como la depredación por parte de gatos sin control puede ser letal para su supervivencia.

Carlos Lázaro lo resume con claridad: «Las Administraciones competentes deben entender que los gatos domésticos son una amenaza para la biodiversidad y no pueden ser considerados como especies protegidas». Su advertencia resuena especialmente ahora que el proyecto de real decreto entra en su fase final de tramitación.