El furgón que trasladaba a Santos Cerdán, a su llegada a la cárcel de Soto del Real

La entrada en prisión provisional de Santos Cerdán es, a la vez, la metáfora de una época presidida por las trampas, los abusos y quizá la corrupción a gran escala, con un beneficiario político de todo ello que se llama Pedro Sánchez.

Porque en Soto del Real, la cárcel madrileña donde ha confinado el Tribunal Supremo al número 3 del PSOE y de facto el jefe del partido en el día a día, supone meter entre rejas a quien a sí mismo se ha bautizado como el «arquitecto del Gobierno progresista».

Y no le falta razón, aunque en realidad presuma de algo que debería avergonzarles a él y a su patrón. Porque fue él quien, ante un resultado muy adverso del candidato socialista, maniobró a sus órdenes para revertir el resultado de las urnas con una serie de pactos infames que convirtieron a prófugos o condenados por la Justicia en la llave para decantar la Presidencia del Gobierno en favor de un insensato sin escrúpulos, a cambio de unas dádivas obscenas y perjudiciales para España.

La recompensa a su diligencia en ejecutar el trabajo sucio encargado, con apaños con Bildu para intercambiar favores en Madrid y Navarra y reuniones intolerables en Suiza o Waterloo con Puigdemont en las que se negoció la devaluación de la Constitución y la fractura del Estado de derecho; fue darle todo el control del PSOE.

Y desde ahí, a la vez que perpetraba la deplorable estrategia de Sánchez de conseguir el poder a cualquier precio y de desatar una confrontación contra los poderes del Estado y la propia sociedad española, se pudo tejer probablemente una inmensa trama de corrupción.

No se puede anticipar una condena que solo han de decidir los tribunales, pero sí se pueden exigir ya consecuencias políticas a los formidables indicios de que a la corrupción política fundacional de Sánchez, consistente en subvertir el orden constitucional con tal de preservar un cargo ajeno al dictamen de las urnas, se le ha añadido otra convencional: la de las adjudicaciones públicas inducidas espuriamente a cambio de mordidas y comisiones, con todo el aspecto de ir a los bolsillos de los corruptos y ya veremos también si a las arcas de su partido.

El patético esfuerzo de Sánchez por distanciarse ahora del detenido y del resto de procesados no va a ningún lado. Durante años ha tenido sobradas evidencias periodísticas, perfectamente documentadas, de las andanzas de su núcleo de confianza.

Y toda su respuesta ha ido en la dirección de protegerles, promocionarles y, aún peor, atacar por tierra, mar y aire a quienes difundían los hechos o los investigaban; en una escalada indecente contra los jueces, la Guardia Civil o la prensa: el líder socialista no solo ha actuado de escudo de los ahora mancillados; sino que ha intentado e intenta legislar para cercenar la autonomía de quienes, en una democracia sana, consagran su tiempo a destapar los abusos y a juzgarlos.

Cerdán ha entrado físicamente en la cárcel por un testimonio insólito que no está claro si intenta proteger a Sánchez o advertirle, pero en todo caso es lamentable: pretender que sus penalidades obedecen a una cacería política de la máquina del fango, según el guion habitual de su jefe de filas, solo ha servido para animar al Tribunal Supremo a decretar su merecido ingreso en prisión.

En esa celda también está, metafóricamente, el llamado sanchismo, una especie de régimen impuesto a la fuerza por un presidente sin líneas rojas que ahora queda retratado en Soto del Real y hace inviable su continuidad. Sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, sin crédito internacional y con un saco sin fondo de casos de corrupción que afecta a su entorno político y personal; la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales es una urgencia nacional inaplazable. Y ni siquiera la salida de Sánchez puede librarle ya de un juicio de la Historia muy adverso y, quizá, otro de los tribunales.