Pedro Sánchez y Santos Cerdán en la Ejecutiva Federal del PSOE de 2023

Francisco Rosell.- Después del autogolpe contra el orden constitucional perpetrado por el protervo Cándido Conde-Pumpido y sus persas al avalar la «autoamnistía» con la que el felón Sánchez compró el cargo de presidente al prófugo Puigdemont, de modo que éste se permite vilipendiar al Tribunal Supremo tachándolo de prevaricador y sedicioso, el Ejecutivo acelera su contrarreforma judicial para anular la separación de poderes y que los jueces sean sus sirvientes. Como el mesonero mayor de la Tangentópoli sanchista que conmuta penas a ladrones de los ERE y a golpistas catalanes con las sentencias de encaje que suministra en «Casa Pumpido».

Todo ello en medio de la eclosión de una corrupción sistémica de la que se ha valido el PSOE para asaltar el poder por la gatera y con la que carcome –coima en mano– las instituciones que derruye por corrosión para que, sin desplome estruendoso, la durmiente ciudadanía no despierte del sueño de los justos.

Como personificación de este abanico de podredumbres, donde se mercadeaba bajo la mesa con insurrectos y sobre el tapete adjudicaciones amañadas, otro de los secretarios de organización de Sánchez y conspicuo secuaz de su «banda del Peugeot», el imputado Santos Cerdán, comparece hoy ante un Tribunal Supremo cuya jurisdicción sojuzga Pumpido.

A expensas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde no se contemplan amnistías -menos las autoamnistias- e impera la independencia judicial, a nadie sorprenderá la salida de pata de banco de Sánchez aseverando, tras ser arrinconado en la cumbre de la OTAN en La Haya, que España no es el problema, sino la solución. Así, trata de darle la vuelta al aserto orteguiano, una vez desenmascarado por las cancillerías occidentales y por los titulares de una prensa internacional que no ahorran acerbos adjetivos a Don Teflón.

Como en política no existe fondo, quien se vanagloria de gobernar sin el Parlamento -de hecho, lo ha reiterado firmando la aportación de un 5% del PIB para rearme, como antes cedió el exSáhara español a Marruecos- apresura una contrarreforma judicial como la de López Obrador y de su sucesora Sheinbaum en México a fin de pertrecharse de un aparato judicial sujeto a su voluntad.

De no frenarse este golpe, los jueces y fiscales obedecerán, no a la ley, sino al poder político. Es más, nadie les tendrá que indicar lo que han de hacer, como apremiaba un malhumorado Felipe González al otrora presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, o la vicepresidenta Fernández de la Vega a la presidenta del TC, María Emilia Casas, según atestiguaron cámaras indiscretas en un cementerio y en un desfile militar.

Sin jueces profesionales, imparciales e independientes, encabezados por una Corte Suprema con esos atributos y cuyas competencias no invada quien pretende erigirse en juez único para que el Ejecutivo acometa sus desafueros sin obstáculos, no habría democracia efectiva en España.

En este sentido, el expresidente de la Sala del Tribunal Supremo que condenó a los facciosos que dictan la suerte de Sánchez, Manuel Marchena, no debiera insistir -como ha bromeado este domingo- en pedirle al artificie del bandazo, Félix Bolaños, el nombre de su peluquero. No es cosa que el Notario Mayor del Reino acusado de falso testimonio y prevaricación por el juez Peinado le mande al patibulario que no oculta que reserva para el instructor de su causa.

Con Sánchez no dispuesto a asumir ninguna responsabilidad política y torpedeando la Justicia, no se puede confiar en que vaya a respetar legalidad alguna quien la transgrede por sistema desde su pucherazo para no ser desalojado de la secretaria general del PSOE y que se sustenta en La Moncloa merced a un acto de simonía.

La imaginación es el único límite para quien busca abolir el control judicial sin cambiar la Constitución y, con esa patente de corso, restringir la libertad de expresión o asociación, e incluso alterar las reglas del juego electoral. Muchos biempensantes, que antes descreyeron de barrabasadas que ya son cuerpo de ley, refutan esa eventualidad sobre la falsa premisa de que la limpieza electoral está garantizada «per se» en España.

Estos echan en saco roto que López Obrador, mientras forjaba su «transformación judicial», por la que sus diputados incluso propugnan que se desprovea a jueces de toga y puñetas en pos de una «justicia del pueblo», operó cambios drásticos en los órganos electorales.

Al gubernamentalizar organismos autónomos, se favorece espacios para la arbitrariedad y el abuso, así como para el clientelismo y la financiación ilegal. Los dos últimos clavos del ataúd de la democracia serían la contrarreforma judicial y la imposibilidad de comicios libres y competitivos.

Con Sánchez no dispuesto a asumir ninguna responsabilidad política y torpedeando la Justicia, no se puede confiar en que vaya a respetar legalidad alguna

Cuando jueces y fiscales -como el sábado- se concentran por primera vez delante del TS contra la injerencia política y promueven paros, no se trata de un réquiem corporativo, sino campanas doblando por la muerte de la democracia si se demuele ese sillar central. Por eso, hay que obligar a que el Gobierno saque sus sucias manos de la Judicatura contra una reforma que sólo se justifica para afianzar la impunidad de los corruptos.

Si López de Obrador emprendió su ofensiva contra la Justicia al verse acosado por la ley, otro tanto Sánchez como cabecilla de la Banda del Peugeot, así como marido y hermano encausados por agiotaje. De ahí que persiga coronar la «autoamnistía» con esta «autorreforma» cuyo propósito queda al descubierto cuando, coincidiendo con la movilización de jueces y fiscales contra la Leyes de Impunidad Sanchista, se otorga la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, máxima distinción del Ministerio de Justicia, a quien cimentó el proceso de degradación del Derecho, el expresidente Zapatero, comisionista de todas las dictaduras que pasan por su caja como adalid -valga el sarcasmo- de la Alianza de Civilizaciones.

Como es hora de hacer virtud de la necesidad, en vista de hasta donde ha llevado a España «hacer de la necesidad de la virtud» por Sánchez, hay que desenterrar a Montesquieu, quien basó su modelo de división de poderes en la virtud política. El hombre de bien político, según el barón de Secondat, es aquel «que ama las leyes de su país y obra por amor a ellas».

Hay que obligar a que el Gobierno saque sus sucias manos de la Judicatura contra una reforma que sólo se justifica para afianzar la impunidad de los corruptos

No será tarea fácil, desde luego. No en vano, en México, pese a concentraciones y paros, Obrador y Sheinbaum, han consumado su desmán facilitando el acceso a la judicatura de personajes ligados a los cárteles de la droga e incluso a abogadas de grandes narcos.

Algo que, llegado el caso, Sánchez no dudaría, al irle en ello la vida y la hacienda, hasta designar miembro del TS al mismismo Gonzalo Boyé, condenado por el secuestro etarra del empresario Emiliano Revilla y abogado de Puigdemont, junto a defensor de narcos como Sito Miñanco.

No es extraño que, parafraseando la letra del popular chotis de Agustín Lara dedicado a Madrid, en México se piense mucho en lo que sucede por aquí. Un calco que lo que ya se vive allí con un López Obrador y su heredera dispuestos al deambular de la «dictadura perfecta» del PRI, del que fue dirigente el primero, a la «dictadura perpetua» del Morena. Surgido como Movimiento de Regeneración Nacional -de ahí sus siglas-, los falsos redentores han consagrado el matrimonio de la corrupción política con la de los cárteles de la droga. ¡Qué familiar resulta a ambos lados del Atlántico!