Cataluña es, un año más, la comunidad autónoma que lidera las cifras de eutanasia en toda España. Según las cifras ofrecidas este miércoles por el lobby pro-eutanasia Derecho a Morir Dignamente (DMD), en 2024 Cataluña registró 358 solicitudes de suicidio asistido –un 63,4% más que el año anterior– y llevó a cabo 142 eutanasias, un 51% más que en 2023.

En toda España, la cifra de muertos por eutanasia es de 1.300 desde la entrada en vigor de la ley, el 25 de junio de 2021, según datos del Ministerio de Sanidad. Según DMD, representan el 42% de las 2.475 solicitudes: a una cuarta parte de solicitantes se les deniega, y la otra cuarta parte muere durante la tramitación de la eutanasia, han detallado.

Pese a ello, desde DMD no están satisfechos, y en una rueda de prensa en Barcelona para hacer balance de los cuatro años de la ley de eutanasia en España han criticado que se hayan paralizado casos en los tribunales, como el de la joven Noelia, de 23 años, o el de Francesc, de 55 años. Los padres de ambos están luchando en los tribunales para evitar la muerte de sus hijos, con el asesoramiento de Abogados Cristianos.

Reforma jurídica

En este sentido, el lobby pro-muerte –ellos dirían «pro muerte digna», usando el eufemismo– está estudiando cómo impulsar una reforma jurídica para evitar que ocurran casos como estos. En concreto, han dicho que su objetivo es conseguir que estos juicios se resuelvan de forma rápida por la vía contenciosa, como en los casos ligados al derecho de manifestación, por ejemplo.

«En esos casos el procedimiento judicial es de unos diez días, y morir dignamente también es un derecho», ha defendido el jurista Ramón Río en el Colegio de Periodistas de la capital catalana. La presidenta de DMD en Cataluña, Cristina Vallès, ha insistido en que la eutanasia se está «consolidando» como un «derecho sanitario», pero pide incidir más en ella para elevar las cifras a niveles de otros países europeos.

En concreto, Vallès pide una campaña institucional desde el Departamento de Salud de la Generalitat que dé información a la ciudadanía para que más gente conozca la eutanasia y pueda pedirla, porque «resulta imposible ejercer un derecho que se desconoce». También piden establecer protocolos uniformes en los centros públicos y privados, y tener un acceso más fácil a la ‘lista negra’, el registro de objetores de conciencia.