El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de una ley socialista para castigar con hasta dos años de cárcel las llamadas «terapias de conversión» a personas del colectivo LGTBI+.

La norma ha salido adelante con 311 votos a favor: Sumar, ERC, PNV, Bildu, PSOE y BNG… y el PP, tan solo ha contado con la oposición de Vox, y la abstención del PNV. Tras esta arprobación, comienza la fase de enmiendas, negociando con los grupos que han votado a favor para lograr un texto que contente a todos.

La Ley Trans de Irene Montero ya recogía medidas contras las terapias de conversión, pero se busca endurecer el castigo, que no se quede en una «infracción administrativa», por lo que se pretende «ir más allá» y elevar la pena a categoría de delito en el Código Penal con la reforma del artículo 173, para sancionar con penas de seis meses a dos años a quien «aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral».

También se contemplarán las mismas penas para los familiares o tutores legales que hayan consentido, promovido o facilitado estas tipo de «terapias en menores de 18 años o personas con discapacidad que requieran de una «especial protección». Y ojo, porque también se incluye en el texto que, si el juez lo considera, se puede retirar la tutela o guardia custodia durante un periodo de hasta cinco años.

«Con esto que traemos nosotros aquí al Congreso, ningún padre va a poder entregar a sus hijos a un torturador, ni en la Comunidad Valenciana, ni en la Comunidad de Madrid ni en ninguna comunidad de España», ha asegurado el portavoz socialista, Víctor Gutiérrez, quien ha defendido dar un paso «más contundente» para que quien torture» a alguien para «extirparle» su orientación o identidad sexual, «responda ante la justicia, pierda su licencia profesional y, si se lucra, pague con cárcel o con multa».

Mejor que nosotros, el verdadero sentido de la norma lo explican las feministas clásicas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres: «Si tu hija/o amanece un día diciendo que es un chico/a, o «no binaria», y que quiere hormonarse y destrozarse la vida, solo podrás afirmar su autodiagnóstico. O cárcel y posibilidad de perder la patria potestad. Eso han votado».

En el mismo sentido, Amanda, la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niña/os con Disforia Acelerada, asegura en sus redes sociales que, «Con la intención de evitar unas prácticas de conversión prácticamente en desuso, se impone una rigidez en la manera de aproximarse a las dificultades de la adolescencia por parte de las familias y terapeutas que no deja sitio para la explotación sana y profunda de los malestares».

Como resultado, tenemos una nueva ley «para que se castigue con hasta 2 años de cárcel y se retire la patria potestad a madres/padres que elijan la prudencia y el acompañamiento psicológico en lugar de aceptar la hormonación de sus hijas/os autodeterminados trans».