Drieu Godefridi.- La noticia cayó como un rayo. En una espectacular decisión, el tribunal del condado de Morton, en Mandan (Dakota del Norte), ordenó a las organizaciones ecologistas que integran Greenpeace a pagar 665 millones de dólares por daños y perjuicios a Energy Transfer, la empresa que está detrás del Dakota Access Pipeline. La cifra parece una bofetada monumental al grupo activista, que había sido acusado por la energética de “difamación, intrusión, molestias, conspiración civil y otros actos”, tras las manifestaciones contra el proyecto del oleoducto en 2016 y 2017.

El jurado no se anduvo con rodeos. Greenpeace fue declarada responsable; sus métodos, ilegales; sus acciones, perjudiciales. Ya ha anunciado que recurrirá.

Más allá de las disputas jurídicas, esta sentencia plantea la siguiente pregunta: ¿y si este caso marca el inicio de una importante ruptura transatlántica entre unos Estados Unidos que defienden sus intereses energéticos y una Europa sumida en su romanticismo ecologista?

Veamos los hechos. El oleoducto -una arteria de casi 1.900 kilómetros que transporta crudo desde la formación de esquisto Bakken (Dakota del Norte) hasta Patoka (Illinois)- ha sido el centro de muchas pasiones. En 2016, las tribus indias Sioux y Cheyenne, apoyadas por una armada de activistas, famosos y organizaciones como Greenpeace, denunciaron que el proyecto amenazaba las tierras sagradas de las tribus, así como recursos hídricos. Decenas de miles de firmas se acumularon en peticiones y las protestas en las obras paralizaron los trabajos, lo cual costó a Energy Transfer unos 300 millones de dólares en retrasos y costes adicionales.

La cólera degeneró a menudo en violencia a cielo abierto y vandalismo a gran escala, para disgusto de las poblaciones locales, que se hartaron de estos cruzados venidos de afuera. Ante este caos, el presidente Donald Trump, recién investido en 2017, emitió un memorando presidencial para acelerar el proyecto, al tiempo que dejaba de lado lo que describió como un “proceso de autorización increíblemente engorroso y horrible”.

El gasoducto entró en funcionamiento en mayo de 2017. Sin embargo, Energy Transfer decidió inmediatamente iniciar una ofensiva legal. Según la compañía, Greenpeace había orquestado las manifestaciones, financiado los desórdenes y difundido mentiras sobre el Dakota Access Pipeline.

El 19 de marzo de 2025, el jurado de Mandan le dio la razón, dictaminando que Greenpeace International, Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc. deben pagarle una indemnización combinada de 665 millones de dólares, una suma que suena como una declaración de guerra a las ONG ecologistas. Se acabaron los días de omnipotencia e impunidad de facto para los activistas del clima.

Greenpeace USA se lamenta ahora de que se verá obligada a declarar la quiebra. ¿En serio? Con su red de donantes -pequeños, grandes y megagrandes- la ONG debería ser capaz de rebotar. La señal es clara: en Estados Unidos ya nadie se toma en broma a quienes entorpecen la economía y pisotean los derechos de los demás bajo la apariencia de idealismo.

Mientras tanto, Europa se inquieta. Greenpeace Internacional ha invocado la Directiva Europea Anti-SLAPP, una iniciativa de la Unión Europea ( UE) para proteger a las personas, especialmente periodistas y activistas, de demandas abusivas (llamadas “demandas estratégicas contra la participación pública”) destinadas a silenciar la crítica o la participación pública, proporcionando salvaguardias como la desestimación anticipada de demandas infundadas y protecciones financieras. La directiva anti-SLAPP, adoptada en abril de 2024 por una UE siempre dispuesta a apoyar y financiar a las onenegé más extremistas, pretende concretamente inmunizar a estas organizaciones contra los procedimientos judiciales. Greenpeace Internacional presentó una demanda contra Energy Transfer en virtud de la directiva anti-SLAPP en los Países Bajos en febrero de 2025.

El grupo ecologista relacionó el incidente con preocupaciones medioambientales más amplias, como se puede leer en su declaración:

“Con sede en los Países Bajos, Greenpeace Internacional se ampara en la legislación neerlandesa sobre agravios y abuso de derecho, así como en el Capítulo V de la directiva de la UE, adoptada en 2024, que protege a las organizaciones con sede en la UE contra SLAPPs fuera de la UE, y les da derecho a una indemnización. La directiva, junto con la legislación neerlandesa vigente, allana el camino para que GPI interponga recursos contra tres entidades del grupo empresarial de ET… por los daños que ha sufrido y sigue sufriendo como consecuencia de las demandas SLAPP y las acciones relacionadas en EEUU.

Greenpeace Internacional envió a Energy Transfer un Aviso de Responsabilidad en julio de 2024, emplazándola a retirar su demanda en Dakota del Norte y a pagar daños y perjuicios, o a enfrentarse a acciones legales. Energy Transfer se negó a hacerlo”.

Por lo visto, a Greenpeace le gustaría que organizaciones como ella puedan causar directa o indirectamente daños por valor de cientos de millones de dólares y las cortes se vean impedidas de intervenir.

La aplicabilidad de la directiva anti-SLAPP de la UE a la sentencia en cuestión es dudosa, porque:

1. La directiva europea en cuestión aún no ha entrado en vigor en los Países Bajos.

2. Es Greenpeace USA la que ha sido declarada responsable (por 400 millones de dólares) por actos cometidos en los Estados Unidos, mientras que la directiva anti-SLAPP de la UE se refiere únicamente a litigios transfronterizos. Según el artículo 1 de la directiva anti-SLAPP, se refiere a demandas claramente infundadas o acciones legales explotadoras en casos civiles que tengan elementos transfronterizos, dirigidos contra personas o entidades -conocidas como objetivos SLAPP- debido a su implicación en la participación pública. El requisito de “implicaciones transfronterizas” significa que las SLAPP relacionadas únicamente con casos nacionales no están cubiertas por la directiva.

3. Greenpeace fue declarada responsable por actividades que provocaron violencia, no por haber expresado su opinión. La incitación a la violencia no es una opinión, y la directiva anti-SLAPP de la UE no cubre los actos de violencia. Su objetivo principal es proteger a las personas y entidades dedicadas a la participación pública de demandas manifiestamente infundadas o procedimientos judiciales abusivos en asuntos civiles o mercantiles con implicaciones transfronterizas.
Si, a pesar de todo, los jueces neerlandeses fallan a favor de Greenpeace Internacional, todo es posible: una sentencia así supondría otra slapp (bofetada) a Estados Unidos. ¿Permitiría la Administración Trump una nueva invasión europea a la soberanía estadounidense? Parece como si la UE, a través de esta directiva, intentara una vez más dictar la ley en suelo estadounidense. Las tensiones transatlánticas, ya avivadas por disputas comerciales, cuestiones de libertad de expresión, financiación de la OTAN y la guerra de Ucrania, aumentarían aún más.

Más allá de este duelo legal, hay un choque de civilizaciones en juego. Por un lado, la América de Trump, impulsada por el mantra “drill, baby, drill (perfora, perfora, perfora)” y un nuevo orgullo por los combustibles fósiles. El gas y el petróleo de esquisto, abundantes y baratos, han convertido al país en el primer productor mundial de hidrocarburos. Estados Unidos ve impulsada su independencia energética por las exportaciones masivas de gas natural licuado.

Al otro lado, una Europa obstinada en su Pacto Verde -un proyecto tan costoso como ilusorio- sacrifica su competitividad en el altar del dogma ecologista. Mientras allí se cierran fábricas, en Estados Unidos se reabren. El contraste entre pragmatismo e ideología es sorprendente.

¿Qué podemos aprender de todo esto? EEUU ha elegido su bando: soberanía energética, prosperidad, fin de la impunidad para las ONG que realizan actividades ilegales. Greenpeace puede apelar y sus activistas pueden gritar “denuncia mordaza”, pero la marea parece claramente estar cambiando.