María Jesús Montero y Yolanda Díaz, en una imagen de archivo en el Congreso

Un empresario sostiene que ha pagado más de 100.000 euros en billetes a José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), organismo dependiente de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según cuenta El Debate.

El citado medio ha tenido acceso a un amplio reguero de pruebas documentales que acreditan que Marco Sanjuán ha recibido este dinero en varias entregas a cambio de dar la razón al empresario en los recursos que ha presentado ante el tribunal que preside y evitando de esta manera que la Agencia Tributaria ingresara varios millones de euros.

El empresario, al que El Debate mantiene en el anonimato, explica que las entregas de dinero a Marco Sanjuán se producen en la cafetería de un hotel próximo a su despacho oficial, ubicado en la calle Panamá de Madrid. «En total, le he dado ciento y pico mil euros», sostiene. Esta cantidad de dinero fue pactada con el ‘tres’ de Montero a cambio de estimar los recursos que había interpuesto en el TEAC, cuyos expedientes, todos ellos resueltos en favor del empresario, también están en poder de este periódico.

El dinero, según su versión, se lo ha ido entregando poco a poco. Aunque no especifica el importe exacto que negoció con Marco Sanjuán sostiene que aún le queda dinero por pagar. Sostiene que el dinero se lo da en sobres y que «él no se corta nada, levanta la tapa y se pone a mirar», explica sobre cómo el ‘tres’ de Montero verifica que en el interior están todos los billetes. Entre el material documental del que dispone el mismo medio figuran, además, varias conversaciones mantenidas entre Marco Sanjuán y el empresario en las que se hace referencia a las reuniones para las entregas de dinero. «Hoy me ha llamado cinco veces», explica el empresario con pánico. «Yo no le digo la fecha de cuándo voy a ir. No quiero avisarle. Le llamo con un rato de antelación», detalla en referencia a los momentos en los que se produce la entrega de los sobornos.

El motivo por el que toma tantas precauciones, tal y como se desprende de sus palabras, es porque tiene temor a estar siendo investigado por la Policía Nacional o por la Guardia Civil. «Tengo miedo porque tal y como está la situación nos pueden estar haciendo algún seguimiento a él o a mí o escuchas telefónicas», sostiene. «La semana que viene tengo que llamarle para verle y hacer lo que hago con él, que es darle las cantidades», dice sobre las comisiones ilegales que tiene que seguir dándole. De la misma manera, el empresario expone su temor a que sus conversaciones de WhatsApp con el ‘tres’ de Montero sean intervenidas, ya que «deja muchos mensajes, dice muchas cosas». El empresario, de hecho, le ha alertado en varias ocasiones.

«No mandes estos mensajes de WhatsApp porque mira lo que estamos viendo todos los días», sostiene que le trasladó a Marco Sanjuán en relación al sinfín de procedimientos judiciales por corrupción que salpican al Gobierno en estos momentos. «Estoy asustado por si todo esto sale», continúa el empresario. «Antes me escribía: ‘Dinero’. Ahora ya se cuida más y me dice: ‘A ver cuándo quedamos a tomar un café’», remarca. La línea telefónica con la que este alto cargo del Gobierno se comunica con el empresario acaba en «363» y, tal y como ha podido verificar este periódico, se trata de un teléfono que figura a nombre del Ministerio de Hacienda. Es decir, que el ‘tres’ de Montero intercambia este tipo de mensajes a través de su móvil oficial.

Se trata de la primera vez que un empresario acusa a Marco Sanjuán de pagarle comisiones ilegales a cambio de anular multas millonarias desde Hacienda desde que el ‘tres’ de Montero forma parte del Gobierno pero este alto cargo ya recibió en el pasado pagos de empresas a las que había estimado reclamaciones durante su etapa como presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, cargo que ostentó durante diez años.

El Debate ha publicado numerosos pagos de empresas como Discomtes Valladolid SL, a la que eliminó una multa de 64.000 euros de Aduanas, o de Refinería Olmedo SA, dependiente de la azucarera Acor, a la que dio la razón en un litigio donde la Agencia Tributaria reclamaba 1,2 millones de euros. En este último caso en concreto, Marco Sanjuán, para cobrar el dinero, usó como testaferros a sus socios Enrique Lahuerta Tornos y Gonzalo Perdrix Ecequiel.

Todos estos hechos, tal y como sostienen varios juristas de reconocido prestigio, son constitutivos de un delito de cohecho, penado con hasta seis años de prisión. El Código Penal diferencia el cohecho pasivo, que implica que un funcionario público acepta una dádiva a cambio de un acto relacionado con su cargo, y el activo, donde es un particular el que ofrece una dádiva al funcionario.