Fernando Rayón.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el viernes el informe completo de coyuntura y recomendaciones para España, que ya había adelantado en abril, pero esta vez añadiendo algunas advertencias más sobre las medidas aprobadas por el Gobierno: la reforma de las pensiones aprobada en 2023 (la famosa de José Luis Escrivá); y la que está en marcha sobre reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. También incluye otras sobre leyes que hacen referencia a cambios estructurales como la de la vivienda.

El FMI también se refiere a otros problemas de nuestra economía —especialmente al elevado paro— pero los temas estrella son las pensiones y la falta de vivienda. Con las pensiones se arriesga a que el exministro y gobernador del Banco de España vuelva a decir —como ya dijo de los analistas de su propio banco— que no tienen ni idea los del FMI, y que el único que sabe y puede aportar soluciones es él mismo. Soberbia no le falta al niño.

Pues bien, el FMI recomienda una revisión a la reforma de las pensiones de Escrivá, para cerrar «la creciente brecha proyectada sobre las próximas décadas entre las prestaciones y las contribuciones a la Seguridad Social». Y baja al detalle de la Ley Escrivá al recomendar una ampliación del cómputo de los años cotizados «para ajustarlo mejor a los ingresos profesionales promedio de los trabajadores como —señala— ya ocurre en la mayoría de las economías avanzadas». Es pertinente recordar que esta medida ya la contempló el Gobierno, pero finalmente la desechó. Pues bien, el FMI combina esta medida con incentivos a los trabajadores de más edad para que se jubilen más tarde; y también a la natalidad para luchar contra el envejecimiento de la población laboral. Justo lo que aquí no hacemos.

El FMI advierte de que la reducción de jornada puede tener un efecto devastador sobre el incremento del coste salarial y las retribuciones

Sobre la reducción de la jornada laboral el FMI dice lo mismo que han dicho todos y cada uno de los analistas nacionales y extranjeros —salvo Yolanda Díaz, claro—. Habla del «impacto incierto» que esta medida puede tener en el tejido productivo. Y recomienda —ya lo dijo Carlos Cuerpo, pero éste no cuenta— que debe aplicarse «mitigando los efectos adversos» que esta medida tendrá sobre la producción y salarios de las empresas. Recuerda también el FMI que esta medida puede tener un efecto devastador sobre el incremento del coste salarial y las retribuciones de los convenios colectivos. Y remata: «Las experiencias pasadas en otros países con reducciones de la semana laboral apuntan a un efecto ambiguo sobre el desempleo y a impactos adversos en la producción y crecimiento salarial posteriores a la reforma». Más claro agua, pero parece que nuestro Gobierno está en otros frentes.

Por cierto, que el economista jefe del FMI en España Romain Duval decía el otro día en Expansión que «el número efectivo de horas de trabajo ya está por debajo de las 40 horas» y que había que dejar margen a las peculiaridades de cada negociación colectica para aplicar este recorte y no caer en los errores de otros países: y se refirió a la llamada Ley Aubry francesa. No escarmentamos ni en cabeza ajena.

Pero quería detenerme esta vez en la vivienda. Y empecemos por las recomendaciones del FMI. Dice el organismo presidido por Kristalina Gueorguieva que es urgente aumentar la oferta para frenar el incremento bestial (este término es mío) que ha experimentado el mercado inmobiliario en los últimos meses. Y para ello recomienda aumentar la vivienda social y reformar —sí, reformar (el término es suyo)— la Ley de Suelo para simplificar los permisos urbanísticos y que el sector pueda desarrollarse. El FMI descarta que el incremento de precios de la vivienda en España vaya a suponer un riesgo para los bancos y sus hipotecas e insiste en facilitar a las familias y empresas el acceso a la propiedad de viviendas.

Y vamos con los datos. La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. Hace ya siete años que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y este problema no ha hecho más que crecer. El argumento del ejecutivo es que hay más de tres millones de viviendas vacías; un argumento endeble pues el propio Gobierno sabe perfectamente que muchos españoles tienen una segunda vivienda de vacaciones.

Los auténticos problemas están en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Según datos del sector, en España se necesitan más de 850.000 viviendas en al menos trece provincias españolas. La Ley de Vivienda del Gobierno, puesta en marcha con Podemos en la anterior legislatura y rematada por Sumar en esta no solo no ha paliado el déficit del sector sino que lo ha agravado y extendido a los alquileres. El intervencionismo del Gobierno ha provocado —y mira que lo dijo hasta el Tato— que se dispare el precio de la vivienda pero también una inseguridad jurídica que ha reducido de manera drástica la oferta de pisos en alquiler. La limitación por decreto de la revisión de los alquileres; la prohibición de los desahucios, y la guerra contra los llamados grandes tenedores han sido la puntilla a esta política en la que los pisos de protección oficial brillan por su ausencia. Todo el mundo sabe que estamos a la cola de Europa.

La nueva Ley de la Vivienda ha provocado además –y lo estamos notando ahora– el desmoronamiento de la inversión extranjera en nuestro país, tanto directa como a través de las inmobiliarias que operaban en España. La necesidad de vivienda es mucho mayor que la oferta y por eso los precios no dejan de subir. Pero además de todo ello, si no se restablece la confianza jurídica que permita una inversión amparada por las leyes me atrevo a decir que no habrá solución para un sector que siempre fue uno de los pilares de nuestra actividad económica.

El hecho de que las inmobiliarias diversifiquen su actividad económica es también un aviso de la crisis del sector. «Así no podemos seguir —dice el presidente de una de ellas— pero el Gobierno sigue sin hacer nada». Y aquí el sinsorgo de Escrivá tampoco puede echar la culpa al Banco de España ni a los capitalistas del FMI. ¿O sí?