Hace no mucho que, fogueado por su supuesta lucha contra lo que llamaba la derecha y la ultraderecha, el presidente del Gobierno prometió levantar un muro, y asistimos así a las consecuencias de su construcción. El ambiente y los resultados de la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en Barcelona ponen negro sobre blanco el clima irrespirable, tóxico y polarizado que prometió el presidente del Gobierno. La cita, convertida en un Babel regional, evidencia que el Ejecutivo carece de la más absoluta capacidad para gobernar el país y que unas elecciones son más necesarias que nunca.

Las expectativas que se habían alumbrado alrededor de la comparecencia del presidente se vieron pronto decepcionadas. Después de dos semanas de silencio, durante las que se conocieron todo tipo de noticias acerca de la supuesta guerra sucia del PSOE contra las Fuerzas de Seguridad que investigan los casos de corrupción en los que está presuntamente implicado, y ante el reguero de escándalos que asedian a su entorno más cercano, el presidente no ofreció explicaciones ante los representantes autonómicos. Incluso se permitió presumir de normalidad en un ejercicio discursivo que no se comprende si no es desde una clara vocación de cinismo. Lo que esperaban los ciudadanos era que Sánchez diera explicaciones, y no un mitin, que es lo que tuvieron que escuchar los presidentes de las autonomías –la mayoría de ellas en manos del Partido Popular–, en boca del jefe del Ejecutivo, ensimismado y desentendido del clima de desconfianza que se vive en estas últimas semanas, y que jalonan revelaciones, conversaciones e inquietantes noticias.

La ‘normalidad’ es, según Pedro Sánchez, un país ingobernable cuyo Ejecutivo no es capaz de entablar con las regiones un suficiente debate constructivo. En el panorama dibujado en Barcelona, todos los puentes están rotos, salvo el de los independentistas y nacionalistas. Efectivamente, existe entre unos y otros la trinchera que prometió cavar el propio presidente al comienzo de la legislatura. La polémica de las intervenciones en lenguas cooficiales y su traducción mediante los célebres pinganillos y la renuncia de la presidenta madrileña a participar en la fórmula de la interpretación demostraron cómo hasta el idioma, que debería servir al entendimiento, se ha convertido en una fuente de conflicto.

En la cumbre del poder territorial, como sucede cada día en el propio Congreso, asistimos a la supervivencia de un Gobierno enfrentado a las regiones y que carece de la más mínima capacidad de ejercer sus funciones. Ante esta situación, a España no le queda otra salida que concitarse en las urnas para expresar la voluntad del pueblo y dar paso a una nueva aritmética parlamentaria que actualice dinámicas trasnochadas que tienen su origen en el engaño en las promesas electorales y que sostienen al Ejecutivo entre escándalos, desencuentros e incongruencias. Este país no puede permanecer en una situación semejante de bloqueo, desentendimiento e ensimismamiento, consecuencia directa del enrocamiento de Sánchez y de su huida hacia adelante. Unos comicios podrían representar el final del mandato de Sánchez, que se expondría a las consecuencias de las cuitas judiciales de su entorno, su partido y su Gobierno por numerosas controversias. Con todo, y pese a que las encuestas no le sean favorables, la convocatoria de elecciones es una responsabilidad que debe asumir más pronto que tarde.