Antonio R. Naranjo.- Durante 48 horas los principales medios audiovisuales y digitales al servicio del Gobierno difundieron la especie de que un alto mando de la UCO confesaba, en un chat privado, su deseo de ponerle una bomba lapa al presidente del Gobierno o enviarle un sicario venezolano con el objetivo de poner fin a su carrera y a su vida.

Con mayor o menor sutileza, la idea que se vendía era, en el mejor de los casos, la existencia de una «UCO patriótica» que, al margen de los hechos, conspiraba contra el Gobierno progresista para derribarlo, en una suerte de golpe de Estado que explicaría todas las investigaciones judiciales, policiales y periodísticas que durante meses han ido desvelando andanzas del entorno político y familiar más próximo a Pedro Sánchez.

Colocado el relato, Patxi López lo remató con un lamento público, dolido e indignado, contra la «cacería» que supuestamente padece el pobre Pedro, achacada según sus propias palabras a un «montaje mediático y policial» que airearon, al unísono, ministros como Puente, Alegría, López o Montero y periodistas de su cuerda, con TVE a la cabeza, que ya dieron una lección de infamia con aquel manifiesto en el que se advertía de un supuesto «golpe judicial y mediático» y se llamaba a la ciudadanía a rebelarse.

La realidad es que, al publicarse íntegras esas conversaciones del guardia civil en cuestión, la charla versaba sobre Koldo y Ábalos y que, gracias a un colaborador, era posible dar un salto cuantitativo en sus andanzas y pasar de las sospechas a las certezas. El infiltrado en la trama, en un momento de la conversación, le augura a su interlocutor una distinción del máximo nivel si consigue llegar hasta el final y éste, en un tono jocoso, le replica que la otra opción es que le pongan una bomba o le envíen a un esbirro.

Es decir, el servidor público es consciente de su delicada misión y, también, de las consecuencias que puede tener echarle valor y enfrentarse al poder para cumplir con su cometido, algo que a tenor de la evolución de las pesquisas nunca le detuvo: con honor y decencia, la UCO ha seguido haciendo su trabajo y es de desear que llegue hasta el final, por el bien de todos.

El chusco episodio descrito es una apabullante fotografía de la naturaleza del sanchismo: primero niegan los hechos, luego los aíslan como si fueran cosa de una oveja descarriada ajena al Régimen, más tarde mienten con impunidad, se niegan a dar explicaciones públicas de nada y, por último, desatan una guerra sucia intolerable contra quienes osan cumplir con su función y además presentan, con tono victimista, reformas legales que, en nombre de regenerar la democracia, mejorar la Justicia o hacer más transparente el periodismo, en realidad persiguen a jueces, periodistas o policías para dotarse a sí mismos de inmunidad e impunidad.

La gravedad de los hechos documentados sobre Pedro Sánchez y su círculo más íntimo es incontestable y, en cualquier democracia occidental, provocaría su dimisión y la apertura de una investigación judicial y otra parlamentaria para llegar hasta el final y poder evaluar si, al inevitable castigo político, debe sumársele otro penal.

Pero en España estamos viendo cómo se torpedea esa urgencia y se intercambia por un relato donde las víctimas se presentan como verdugos y a los presuntos delincuentes se les acepta el derecho a defenderse enviando cabezas de caballo a quienes osan defender al Estado de derecho, en un ritual rematado con un compendio de leyes destinadas a garantizar la impunidad de quienes cometen las fechorías y el castigo a quienes las persiguen.

El bochorno que produce el montaje tiene al menos una virtud: demuestra que, más allá de la procedencia exacta del encargo perpetrado por Leire Díez, su condición de avanzadilla de la guerra sucia no responder al perfil de un «lobo solitario» ni, desde luego, al de una especie de «Pequeño Nicolás» poseída por el delirio de defender, a toda costa, a quien no se lo había pedido.

Ella solo es el eslabón más soez de una larga cadena de decisiones sincronizadas que nacen, sin duda, desde La Moncloa y Ferraz, que tienen a Sánchez como indudable Señor X ya desde 2018 y que utilizan distintas herramientas con un mismo fin: proteger al líder socialista como sea, incluso aunque en el viaje haya que cargarse las reglas del juego y a quienes las recuerdan y aplican, con un montón de sicarios a sueldo dispuestos a hacerlo, sea en la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional, el ente público o las cloacas; y un BOE para rematarlo.

Los casos que señalan a Ábalos, Begoña Gómez o David Sánchez son gravísimos, sin duda. Pero lo realmente escalofriante es constatar hasta dónde están dispuestos a llegar para salvarse: nada menos que a acabar con la democracia e imponer, por lo civil o lo criminal, un sistema definido por el exterminio de los contrapoderes y el indulto preventivo a los delincuentes. Esto sí que es un golpe de Estado, y lo estamos viendo en directo.