La sociedad civil también tiene un papel fundamental en una democracia sana, distinta y complementaria a la de las instituciones. Ella cataliza los estados de ánimo de la ciudadanía, la hace participar en los asuntos públicos más allá de las fechas electorales, envía mensajes a los agentes políticos y, desde luego, sanciona los excesos y protege a quienes los combaten.

Esto siempre es así, pero resulta especialmente necesario cuando al frente de las instituciones se sitúan personajes que las utilizan contra la sociedad, malversan su cometido para transformarlas en un escudo para huir de sus responsabilidades y un látigo para quienes tratan de recordárselas y aplicarles la sanción que merecen.

Ese es el perfil de Pedro Sánchez, sin duda, un autócrata de libro que gobierna sin haber ganado las elecciones generales, con unos pactos espurios construidos en exclusiva sobre la base de ayudar a los enemigos de la Constitución a lograr sus objetivos; con unos Presupuestos Generales de la anterior legislatura; deformando las leyes y las normas para atender los chantajes de sus interventores a costa de los intereses nacionales; con un constante asalto a las instituciones para colonizarlas con militantes de su perversa causa y, además, acorralado por un sinfín de casos de corrupción y guerra sucia incompatibles con la decencia más elemental.

Por eso los ciudadanos deben rebelarse pacífica y cívicamente el próximo 8 de junio, tal y como ha pedido el PP, al margen de banderías partidistas, bajo un único lema transversal que emplaza a todos los que, simplemente, quieran restituir la democracia a su estado original.

No debe ser vista la protesta como un acto privativo de los seguidores del PP, sino como una expresión del clamor social que, más allá de cálculos electorales e inclinaciones ideológicas, reclame el retorno del sentido común, del control de los poderes, de la ejemplaridad, del respeto a la separación de poderes y, en definitiva, de la democracia.

Porque Sánchez no la respeta ni la va a respetar, enfangado en una huida vergonzosa hacia adelante con la que pretende escapar del castigo a sus comportamientos, al precio que sea, y atrincherarse en el poder, quizá como única fórmula que encuentra para no rendir cuentas con nadie.

España ha tolerado todo tipo de gobiernos, incluyendo al de Sánchez cuando ganó por una vez en las urnas y logró la investidura con socios opuestos a lo que cualquier partido de Estado debería aceptar. Lo que no soporta es la trampa, el juego sucio, la sumisión a la extorsión, el autoritarismo, el desprecio a las leyes, los abusos reiterados y la búsqueda incesante de la impunidad, rematada por la persecución obscena a la disidencia y el ataque sostenido a los contrapoderes.

A Sánchez lo pueden desalojar las urnas, sin duda, pero también la protesta social, el trabajo riguroso de la UCO, la solvencia del Tribunal Supremo y la profesionalidad de los medios de comunicación ajenos a las componendas subvencionadas del Gobierno. Es la hora, pues, de que los españoles estén a la altura de su formidable cometido y su incontestable poder cívico.