Marcelo Duclos.- La izquierda –en ningún lugar del mundo– parece comprender que con buenas intenciones y voluntarismo no se debe nunca legislar. Irene Montero, que vivió en carne propia las externalidades negativas de la iniciativa “solo sí es sí”, donde lo que sucedió con la implementación de esa ley no fue justamente lo que estaba buscando, sigue sin aprender la lección.

Argentina, que está comenzando a transitar un camino de cierta normalidad, le está mostrando al resto de los países que normativas como la “ley de alquileres” lo único que hacen es complicar más las cosas. Tanto como para propietarios, como para inquilinos. Pero la amiga de Cristina Fernández de Kirchner sigue insistiendo con propuestas que van a contramano del sentido común y la evidencia empírica.

Desde el Parlamento Europeo, luego de que su formación política perdiera la representación en la coalición de gobierno con el PSOE de Pedro Sánchez, la pareja de Pablo Iglesias propone solucionar la problemática habitacional española expropiando y repartiendo casas. Es decir, Irene Montero promueve un comunismo puro y duro.

Lo más insólito es su justificación: siempre haciendo referencia a los “grandes propietarios” (justamente ella no vive en ningún inmueble modesto) argumenta que los dueños de las casas no hacen nada por la valoración de sus propiedades. Sus ingresos, según un cálculo extravagante, vendrían a ser producto de los vecinos y las personas que pagan impuestos, que contribuyen a que los departamentos sean valiosos. Por ejemplo, gracias a la infraestructura estatal aledaña.

Por lo tanto, si hay alguien sin una casa y otro con más de una, hay que repartir utilizando el monopolio de la fuerza gubernamental.

Lógicamente, en su cómputo y argumentación, la propiedad privada (incentivo principal para que existan casas en un primer lugar) no se menciona en lo más mínimo.

No hace falta ser un renombrado analista para entender lo que pasa por la cabeza de Montero, Iglesias y el resto de los podemitas: deben estar pensando que su fracaso político (y del gobierno del que formaron parte, ahora en sociedad con el retoño llamado Sumar, tristemente célebre por las denuncias de abuso sexual contra su líder Íñigo Errejón) se basa en no haber avanzado todo lo que debían en materia de “soluciones de fondo”.

Por eso, desde los espacios que les queda, sus principales dirigentes como Irene Montero, buscan incrementar la virulencia de sus propuestas, que ya apuntan directamente al comunismo. Es decir, lo que tuvieron siempre en la cabeza –pero de lo que se alejaban aunque fuera en lo retórico– por formar parte de una coalición de gobierno, donde no dejaron de dilapidar los recursos de los contribuyentes españoles con iniciativas como la del “ministerio de Igualdad”.

Desde un discurso más duro e ideológico, piensan empujar a Sánchez más a la izquierda, proponiéndole que les robe las propiedades a los ciudadanos para repartirlas como la burocracia socialista disponga. Por suerte, el electorado español ya está harto de las iniciativas estatistas y dirigistas, por lo que seguramente vote distinto en las próximas elecciones.

Ante el fracaso predecible de la izquierda, Irene Montero y los podemitas responsabilizarán a Pedro Sánchez y compañía por no haber ido a fondo y, por ejemplo, no haber expropiado las casas a los “grandes propietarios”.